En Chile, el presidente José Antonio Kast ha puesto en el centro de su mandato una reforma constitucional de seguridad que busca elevar el combate al crimen organizado al rango de obligación fundamental del Estado. Pero toda apuesta política tiene su precio: la propuesta enfrenta resistencias tanto desde la oposición como desde los propios aliados del gobierno, recordándonos que en democracia la fuerza de una idea no basta si no se construyen los puentes necesarios para sostenerla. Lo que se dirime en el Congreso no es solo el destino de una reforma, sino la capacidad de Kast para transformar