Ministro de Defensa solicita facultades legislativas para que FF. AA. dirijan operaciones contra crimen organizado

Rafael Belaúnde Llosa, ministro de Defensa del Perú, presentó ante la opinión pública un argumento que ha ganado terreno en gobiernos de toda la región: que las policías nacionales han quedado rezagadas frente a la sofisticación armada del crimen organizado, y que solo las Fuerzas Armadas poseen la capacidad de fuego necesaria para enfrentarlas. En una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP, Belaúnde Llosa sostuvo que organizaciones criminales como Los Choneros, el Comando Vermelho, el Tren de Aragua, Los Pulpos y La Jauría han transformado su forma de operar, equipándose ahora con armamento de guerra y explosivos. Esa mutación, argumentó, exige una respuesta estatal proporcionada: una capacidad de fuego que iguale la de los delincuentes.

El ministro no pidió simplemente que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía en operaciones de seguridad ciudadana. Pidió facultades legislativas específicas. Con esas facultades, el Gobierno podría catalogar formalmente a estas organizaciones criminales como grupos hostiles y, en consecuencia, convertirlas en objetivos militares legítimos. Una vez alcanzado ese estatus legal, explicó Belaúnde Llosa, el Estado podría planificar y ejecutar operaciones militares contra ellas con un marco regulatorio claro que incluyera la participación de fiscales y jueces. También subrayó la necesidad de protección legal para el personal militar que participara en estas intervenciones.

La estructura operativa que propone dependerá de quién tenga a su cargo el orden interno en cada territorio. Si esa responsabilidad permanece en manos de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior dirigiría el comando y las Fuerzas Armadas actuarían en funciones de apoyo. Pero en aquellos lugares donde el orden interno sea asignado a las Fuerzas Armadas, estas conducirían las operaciones directamente. Belaúnde Llosa enfatizó que el país cuenta con operadores especiales entrenados para intervenir tanto en terrenos inhóspitos como en operaciones urbanas, y que están preparados para asumir la conducción de comandos y atacar objetivos de alto valor cuando sea necesario.

Esta propuesta no surge en el vacío. Perú enfrenta una amenaza transnacional que se extiende a lo largo de sus fronteras con Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia. El ministro describió recientemente una visita a Iquitos y a la base de El Estrecho, en la frontera con Colombia a orillas del río Putumayo, acompañado por el embajador estadounidense Bernie Navarro y el general Donovan, jefe del Comando Sur. El propósito fue evaluar la cooperación militar bilateral en inteligencia, logística, equipamiento y operaciones conjuntas. Entre los equipos que se busca desplegar figuran aeronaves no tripuladas capaces de recopilar información, interceptar comunicaciones y utilizar cámaras térmicas para localizar campamentos en la selva.

Sin embargo, Belaúnde Llosa reconoció un obstáculo interno que debe resolverse primero: la situación en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido como Vraem. El Gobierno busca capturar a José Quispe Palomino y eliminar los remanentes de Sendero Luminoso en esa zona. Solo después de estabilizar esa región, argumentó, Perú podrá desplegar la capacidad militar necesaria en la frontera norte. El ministro fue claro en su posición: "Lo que no podemos hacer, la democracia no puede ser boba ni ciega". Su mensaje fue que la respuesta del Estado debe ser proporcional a la amenaza, y que esa proporcionalidad requiere un cambio en el marco legal que rige el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna.