Las ampliaciones aeroportuarias españolas triplicarán el límite de emisiones climáticas permitido

Un análisis de la organización ambiental Transport & Environment revela un conflicto fundamental entre los planes de expansión aeroportuaria en Europa y los compromisos climáticos que los gobiernos han adquirido. Según la modelización basada en el sexto informe del IPCC, los 20 mayores aeropuertos del continente triplicarán el límite de emisiones que les corresponde para mantener el calentamiento global por debajo de 1,7 grados, incluso si adoptan combustibles de aviación sostenibles y aviones más eficientes. España es parte central de este problema: ha anunciado inversiones de casi 13.000 millones de euros para ampliar 12 aeródromos, cuatro de los cuales figuran en el informe.

Madrid-Barajas, Barcelona, Palma y Málaga son los cuatro aeropuertos españoles bajo análisis. Barajas espera crecer de 70 a 90 millones de pasajeros anuales. Barcelona pasaría de 55 a 70 millones. Palma aumentaría de 33,8 a 35,7 millones, y Málaga de 26,7 a 31 millones. Juntos, estos cuatro representaban dos tercios de todas las emisiones de vuelos con salida desde España en 2025. La expansión de estas instalaciones generará 35 millones de toneladas adicionales de CO₂ según los cálculos de T&E, una cantidad equivalente a las emisiones anuales totales de toda la economía portuguesa.

El informe distribuye el presupuesto de carbono global asignado a la aviación —2,4 por ciento del total— entre países y aeropuertos de forma proporcional a sus emisiones históricas. Luego calcula cuánto podría emitir cada instalación desde ahora hasta 2050 manteniendo la compatibilidad con los objetivos climáticos. El resultado es contundente: la mayoría de los veinte aeropuertos analizados agotará su presupuesto de carbono completo durante la década de 2030, décadas antes del horizonte de 2050. Lisboa y Oporto casi triplicarán su presupuesto. Dublín lo superará 2,6 veces. En términos absolutos, el Reino Unido registra el mayor aumento: las emisiones acumuladas de una tercera pista en Heathrow entre 2035 y 2050 equivaldrían a un año entero de emisiones de toda Croacia.

La brecha entre lo que los gobiernos dicen hacer y lo que realmente permiten es particularmente evidente en España. AENA, el gestor de los aeropuertos, afirma haber reducido sus emisiones propias en un 74,4 por ciento respecto a 2019 y pretende alcanzar cero emisiones netas en 2030. Sin embargo, ese cálculo se refiere únicamente a las emisiones de la infraestructura misma, no a los vuelos que despegan y aterrizan, que representan una cantidad mucho mayor. Bosco Serrano, de T&E, señala que el dióxido de carbono es acumulativo: todo lo que se emita en exceso estos años permanecerá en la atmósfera durante décadas, agravando la crisis climática. "Es una hipocresía que se hable de reducir emisiones mientras se prima aumentar el tráfico y el turismo en cualquier escenario", afirma.

Pablo Muñoz, portavoz de aviación de Ecologistas en Acción, advierte que estos planes de crecimiento "ponen en peligro la reducción de los impactos del transporte aéreo incluso si se adoptan las medidas tecnológicas prometidas y se utilizan los combustibles sostenibles". Las administraciones creen que aumentar el uso de combustibles de aviación sostenibles será suficiente, pero el informe demuestra con números y proyecciones que no lo sería. Para lograr compatibilidad climática, cada aeropuerto tendría que reducir sus emisiones un 11 por ciento anual, algo que no está previsto en ningún plan.

Algunos gobiernos europeos comienzan a reflexionar sobre alternativas. Ámsterdam se plantea cómo reducir las emisiones para cumplir objetivos de descarbonización, y ya se ha considerado la posibilidad de reducir vuelos. Francia ha integrado un presupuesto de carbono en su marco jurídico, lo que permitiría llevar a los aeropuertos a los tribunales si no lo cumplen. España, en cambio, carece de un marco regulatorio equivalente. Jeremie Fosse, director de Eco-Union, señala que ese vacío lo aprovechan AENA y las compañías aéreas para continuar expandiendo sin restricciones climáticas efectivas. La aprobación del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria, prevista para finales de septiembre, confirmará si España mantiene esta trayectoria o si introduce cambios sustanciales en su política aeroportuaria.