En España, la reducción de la jornada laboral a 35 horas avanza de forma desigual entre las administraciones autonómicas, revelando una tensión antigua entre la aspiración colectiva y la capacidad institucional de cada territorio. Mientras Cataluña abre mesas de negociación, Madrid y Galicia enfrentan ya la presión de empleados públicos que temen quedar rezagados. Este desfase entre regiones no es solo un conflicto laboral: es el reflejo de un país que busca armonizar sus derechos sin haber acordado aún el ritmo al que debe hacerlo.