La gran industria advierte de paradas fabril por crisis energética este otoño

La industria española se prepara para lo que podría ser uno de los otoños más duros de su historia reciente. Diez asociaciones que representan sectores clave de la economía productiva nacional —desde la automoción hasta el acero, pasando por la química, el papel y el cemento— se presentaron el lunes en el Ministerio de Economía con un mensaje claro: los precios de la energía están destruyendo su capacidad de competir, y sin intervención inmediata, las fábricas comenzarán a cerrar selectivamente sus líneas de producción.

La reunión, que se extendió durante aproximadamente dos horas, reunió a Anfac, Sernauto, Aspapel, Feique, AEGE, Gas Industrial, Sercobe, Oficemen, Unesid y Ascer con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Industria, Jordi Hereu. Los representantes industriales no vinieron con advertencias abstractas. Vinieron con números. Esperan que el precio de la electricidad se duplique respecto a agosto, pasando de unos 85 euros por megavatio hora a 170 euros por MWh durante los próximos meses. El gas natural, que rondaba los 30 euros por MWh antes de la escalada bélica en Irán hace más de seis meses, ahora supera los 80 euros por MWh. Los carburantes alcanzan máximos no vistos desde 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania desencadenó la última crisis energética de esta magnitud.

Lo que esto significa en la práctica es que las fábricas ya están apagando máquinas durante las horas más caras del día. Pero eso es solo el principio. Los industriales advierten de que estas paradas selectivas se convertirán en reducciones de turnos completos, lo que afectará directamente a las plantillas. Además, el encarecimiento de la producción se trasladará a los precios finales, reduciendo la demanda de sus productos en un mercado ya debilitado. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española cuantificó esta semana el impacto en 7.400 millones de euros adicionales en costes energéticos para los fabricantes.

El Gobierno reconoció su preocupación por la situación, pero enfrenta una restricción importante: Bruselas limita su capacidad para otorgar ayudas fiscales directas, aunque simultáneamente le insta a tomar medidas de reindustrialización. Los decretos de apoyo aprobados durante la primavera y prorrogados en verano vencen el 30 de septiembre, en apenas diez días. Estos incluían una exención del 80 por ciento de los peajes eléctricos para 2026 y compensaciones por emisiones de CO2 que se ampliaron de 300 a 600 millones de euros. Sin una prórroga o nuevas medidas, esa red de contención desaparece.

Lo que la industria solicita ahora es visibilidad. Necesita saber qué ocurrirá en 2027 para poder negociar sus planes de producción y costes con algún grado de certidumbre. Piden que la exención de peajes se extienda al próximo año y que las compensaciones por CO2 suban hasta los 900 millones de euros, cifra que consideran alcanzable dentro del marco de ayudas de Estado permitido por la Unión Europea. Señalan que Alemania ya logró que Bruselas autorizara un tope de 50 euros por MWh para la electricidad industrial, lo que sugiere que existen fórmulas viables.

El Gobierno está en medio de una ronda de consultas con los principales sectores afectados por la inestabilidad geopolítica. El lunes también se reunió con representantes del sector agroalimentario. Seis meses después de que la administración Trump lanzara sus ataques contra Irán, la situación de precios es peor que al inicio de la crisis, no mejor. Los mercados reaccionan con desconfianza a los anuncios de tregua. Si el Gobierno decide prorrogar o ampliar las ayudas, deberá aprobar un nuevo real decreto-ley que será sometido a convalidación en el Congreso de los Diputados en los treinta días posteriores. La ventana para actuar es estrecha, y las consecuencias de no hacerlo podrían ser profundas.