La crisis de deuda francesa deja al Gobierno sin margen para responder a protestas sociales

Francia se encuentra atrapada en una trampa económica sin salida visible. Hace poco más de un mes, estudiantes en un instituto de las afueras de París bloquearon su escuela para denunciar goteras en las aulas, cucarachas en los pasillos y paredes agrietadas. La protesta se propagó rápidamente a otros centros educativos en toda la nación. Esa imagen de deterioro en las instituciones públicas que alguna vez fueron el orgullo de la República francesa resume perfectamente el declive económico que el país ha experimentado durante años.

Este fin de semana, el descontento social estalló en las manifestaciones más violentas que se han visto en mucho tiempo. Los disturbios dejaron más de 3.000 comercios afectados, con asaltos y destrozos cuya factura se prevé colosal en daños a edificios, mobiliario urbano y negocios. Pero detrás de la violencia en las calles hay una realidad económica más profunda: el Gobierno francés simplemente no tiene dinero para responder a las demandas de los manifestantes. Con un crecimiento previsto de apenas el 0,4% para este año, el Ejecutivo de Sébastien Lecornu planea recortes de 54.000 millones de euros para 2027, una cifra histórica que supera incluso las proyecciones de muchos economistas.

La crisis fiscal de Francia es severa. El país tiene un déficit del 5,4% del PIB, muy por encima del 3% que exige Bruselas y de los mayores de la zona euro. La deuda alcanza el 119% del PIB, su nivel más alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y la agencia Fitch advierte que podría llegar al 128% en 2030. Lo más preocupante es que el 55% de esa deuda está en manos de inversores extranjeros, y estos han comenzado a perder confianza en la solvencia francesa. Los bonos a diez años alcanzaron el martes el 4,96%, rozando la barrera psicológica del 5%, mientras que Alemania paga solo el 3,43%. Este nivel de tensión no se veía desde la crisis de deuda soberana de 2012, cuando el foco estaba en Grecia, Portugal, Italia y España. Francia entonces era considerada un alumno ejemplar de la zona euro.

La espiral es viciosa. A medida que los inversores exigen mayores intereses para prestar dinero al Estado, Francia tiene menos recursos para invertir en servicios públicos o responder a demandas sociales. Alexandra Roulet, presidenta del Círculo de Economistas de Francia, explica que el Gobierno ha estado tomando medidas cada vez que surge una crisis, pero esto no ha logrado apaciguar las protestas en la calle. El problema de fondo es que hacer concesiones económicas a los manifestantes elevaría aún más el endeudamiento del país. Los estudiantes piden más recursos para educación pública, una demanda relativamente manejable, pero cuando se trata del elevado costo de vida, el Gobierno tiene las manos atadas.

La sucesión de crisis ha agravado progresivamente el problema. Los chalecos amarillos pidieron ayudas para compensar la subida del precio del combustible. Luego llegó la pandemia de covid. En 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania, el Gobierno bloqueó el precio de la electricidad para ayudar a los hogares. Cada una de estas intervenciones tuvo un costo fiscal que se sumó a la deuda. Roulet señala que en 2019, durante la crisis de los chalecos amarillos, no existían los problemas presupuestarios que enfrenta Francia hoy.

La debilidad política agrava la situación. Francia lleva dos años aprobando sus presupuestos fuera del plazo constitucional y por decreto, sin votación parlamentaria, porque el Gobierno no cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional. La amenaza de ejecutar recortes importantes ha sido lo que llevó a la caída de los últimos gobiernos: Michel Barnier y François Bayrou duraron apenas unos meses en el cargo. Lecornu lleva un año y ya ha asumido que el objetivo de reducción del déficit para este año es inalcanzable.

A seis meses de las elecciones presidenciales, los disturbios de este fin de semana dan combustible a los extremos políticos. Marine Le Pen propone recortes de 140.000 millones en seis años y reducir la aportación francesa a la Unión Europea. Jean-Luc Mélenchon, en el otro extremo, propone 80.000 millones más en gasto público. Según los expertos, la clave a largo plazo será que los candidatos presidenciales presenten planes realistas y reformas estructurales para resolver el problema de fondo. Sin eso, y especialmente sin una mayoría parlamentaria clara, los mercados seguirán turbulento.