El Constitucional rechazará el amparo por la ley de nietos al considerarlo prematuro

El Tribunal Constitucional se prepara para rechazar un recurso que buscaba restaurar el derecho al voto de más de 160.000 ciudadanos españoles. Estos ciudadanos fueron nacionalizados bajo la ley de nietos, la norma de 2022 que permitió la nacionalización de descendientes de exiliados, y residen fuera de España. El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente su inscripción en el censo electoral hace poco más de un mes, justo cuando se convocaron las próximas elecciones generales. Ahora, una mayoría de los doce magistrados del Constitucional considera que el amparo presentado por el Defensor del Pueblo —el exministro socialista de Educación Ángel Gabilondo— llega demasiado pronto para ser admitido.

La razón que esgrime la mayoría es técnica pero decisiva: el Supremo abrió un plazo de alegaciones para los afectados que se cierra el viernes 23 de octubre, lo que significa que la vía ordinaria aún no se ha agotado completamente. Según la doctrina del amparo constitucional, este recurso solo puede prosperar cuando todas las demás opciones judiciales se han agotado. La mayoría entiende que mientras ese plazo siga abierto, el recurso es prematuro. Esta posición no divide al tribunal según las líneas habituales entre magistrados progresistas y conservadores; incluso voces de la izquierda judicial reconocen que la balanza se inclina hacia la inadmisión, mientras que entre los conservadores hay aún menos dudas.

Pero existe una minoría que plantea una pregunta incómoda: ¿puede suspenderse el derecho al voto de 160.000 ciudadanos mediante una medida cautelar cuyos efectos son irreversibles, especialmente cuando el plazo para personarse vence en apenas cinco días? El Defensor del Pueblo subraya que incluso si el Supremo fallara finalmente a favor de estos ciudadanos, ninguno de ellos podría votar retroactivamente después del 29 de noviembre, día previsto para las elecciones. Se trata de lo que la doctrina constitucional reconoce como una lesión irreparable de derechos fundamentales —la participación política, la igualdad, la tutela judicial efectiva— situaciones que excepcionalmente justificarían un amparo cautelar incluso sin agotar la vía ordinaria. Sin embargo, parece que esta excepción no prevalecerá, y la mayoría impondrá lo que llama "la realidad práctica": que el Supremo ya ofreció la personación a los afectados y debe ser ese tribunal quien resuelva la anomalía que él mismo creó.

La anomalía comenzó el 12 de octubre, día de la Hispanidad, cuando el Supremo confirmó la suspensión cautelar de la inscripción electoral de más de 160.000 nacionalizados bajo la ley de nietos. Lo notable es que el tribunal hizo esta confirmación después de que las elecciones ya estuvieran convocadas, con más de un mes de retraso respecto de un primer auto de septiembre en el mismo sentido. En esa confirmación, el Supremo estableció dos distinciones cruciales. Primero, distinguió entre quienes residen en España y quienes viven en el extranjero, determinando que la suspensión solo afecta a los residentes fuera del país. El Defensor del Pueblo cuestiona esta discriminación sin que el Supremo la haya justificado adecuadamente. Segundo, el tribunal creó una excepción para quienes puedan acreditar mediante certificado consular que obtuvieron la nacionalidad como exiliados políticos, no como emigrantes económicos.

Esta segunda distinción remite a una controversia más profunda. La ley de nietos de 2022 fue diseñada para exiliados por razones ideológicas, de creencias u orientación sexual. Pero una Instrucción posterior de octubre de 2022 añadió una presunción que expandió enormemente el alcance: cualquiera que hubiera emigrado entre 1939 y 1955 se presumía automáticamente como exiliado político. Esto incluyó, sin control parlamentario y más allá del perímetro legal, a emigrantes económicos de esos años. Fue Vox y el partido extraparlamentario Iustitia Europa quienes denunciaron esta irregularidad ante el Supremo, aprovechando una resolución de la Junta Electoral Central de julio pasado, cuatro años después de que la ley entrara en vigor.

Si el Constitucional confirma hoy la inadmisión del amparo, como todo indica que sucederá, se crearían consecuencias significativas. La mayoría de los 160.000 nacionalizados inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes perdería el derecho al voto, salvo quienes logren obtener el certificado consular. Más importante aún, se establecería un precedente que el Defensor del Pueblo considera de relevancia constitucional: la restricción del sufragio universal por razones no contempladas en la legislación electoral. Es probable que el tribunal resuelva mediante auto —no con la brevedad habitual de una providencia— para poder argumentar sus razones y permitir que las voces discrepantes emitan votos particulares. El Defensor del Pueblo ya se ha opuesto a esta interpretación, argumentando que la vía ordinaria está agotada porque los autos del Supremo son firmes y no cabe recurso contra ellos. La personación ofrecida en el último auto, sostiene, solo corrige un defecto de forma, no abre un nuevo procedimiento. Pero la propia demanda de amparo reconocía que esas personaciones y alegaciones podrían llevar a modificar o alzar las medidas cautelares, argumento que ahora la mayoría ha adoptado para descartar el recurso como prematuro.