La crisis de Ceuta se prolonga sin control: colapso sanitario, denuncias de agresiones y rechazo al estado de alarma

Tres semanas después de que miles de migrantes llegaran a Ceuta en una oleada sin precedentes, el Gobierno sigue sin saber cuántas personas permanecen en la ciudad. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, admitió en una entrevista radiofónica que no manejaba cifras exactas. Su colega del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había ofrecido números contradictorios días antes: primero habló de 2.000 personas, luego de 5.000. El Gobierno de Ceuta estima 9.000 migrantes. La prensa marroquí eleva la cifra a 15.000. Esta confusión fundamental ha marcado toda la respuesta a la crisis desde el 30 de julio, cuando comenzó el flujo masivo.

La falta de coordinación entre ministerios es evidente. Cuando la crisis estalló, el Ministerio del Interior desplegó apenas seis agentes para documentar y registrar a los llegados. Dos semanas después anunció el envío de veinte especialistas más. La previsión inicial fue insuficiente. Mientras tanto, los juzgados de Ceuta se han visto desbordados: los asuntos penales se han multiplicado un 800 por ciento respecto a su volumen habitual. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que supervisa estos juzgados, ha lanzado una llamada de socorro al Consejo General del Poder Judicial pidiendo refuerzos urgentes.

Las denuncias de agresiones sexuales a menores han generado alarma. La Delegación de Gobierno admitió seis denuncias. El tribunal confirmó tres en tramitación. Pero fuentes policiales estiman que podrían ser ya una decena, mientras que fuentes jurídicas hablan de una agresión sexual por día. Desde el 5 de agosto se han abierto nueve diligencias previas por este delito. Los juzgados reciben constantemente partes médicos de urgencias y atestados policiales sobre sucesos en los que aún no hay detenidos ni citados. Un aspecto particularmente grave: se investiga si una de las víctimas menores fue obligada también a vender droga. El Ministerio de Infancia anunció el miércoles un plan de urgencia para trasladar a 500 niñas a la península, apenas 24 horas después de que un portavoz de la Comisión Europea avalara la expulsión de todos los migrantes, incluidos menores, sin necesidad de redistribuirlos por España como exige la ley española.

Los sanitarios trabajan en condiciones críticas. El Colegio de Enfermería de Ceuta ha solicitado la declaración del estado de alarma, denunciando un colapso sanitario sin precedentes. Los enfermeros atienden entre 200 y más de 1.600 intervenciones diarias, con cargas de entre 14 y 16 pacientes por profesional y turnos que exceden en cuatro horas la jornada prevista. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, con capacidad para 512 personas, está desbordado. Los migrantes, principalmente subsaharianos, han improvisado campamentos en lugares como la Playa del Trampolín, donde los riesgos de contagio y enfermedad son constantes. La ministra de Sanidad, Mónica García, negó el domingo la necesidad del estado de alarma, acusando además al presidente local de inacción.

Las fuerzas de seguridad también están al límite. El Ministerio del Interior ha reforzado la presencia con cerca de 500 efectivos adicionales, pero sus sindicatos denuncian que duermen hacinados sin condiciones básicas de higiene. La Asociación Unificada de la Guardia Civil estima que sería necesario un refuerzo permanente de al menos 200 agentes en la ciudad. Actualmente hay algo más de 1.300 entre ambos cuerpos.

La situación presenta riesgos de escalada. Expertos policiales advierten que alrededor de mil migrantes están dispersos en la barriada de El Príncipe, y temen que cualquier agresión sexual en esa zona podría desencadenar un enfrentamiento: "Puede ser un polvorín". El Monte Hacho alberga cientos de migrantes más. Un mando policial señaló que la Gran Vía estaba "tomada" la noche anterior, con más gente que en Navidad, ninguno de Ceuta.

Mientras tanto, las mafias actúan sin control. La Guardia Civil ha detenido a más de una decena de patrones de embarcaciones que intentaban trasladar migrantes a la península. Han sido sorprendidos en distintos puntos de la costa, pero no se descarta que algunos hayan logrado su objetivo. El Gobierno había prometido que ninguna persona llegada en la oleada de julio entraría en territorio peninsular, una promesa que preocupaba especialmente a la Unión Europea, en particular a países como Dinamarca e Italia.

El presidente local, Juan Jesús Vivas, ha amenazado con acudir a los tribunales. Pidió un mando único y la declaración del estado de alarma antes de la entrada masiva, sin éxito. La instalación de cuatro carpas provisionales anunciada por la ministra Saiz está pensada para albergar inicialmente 1.500 personas, pero la ministra no precisó capacidad final ni criterios de acogida, limitándose a decir "vamos a ir viendo". El Gobierno rechaza el estado de alarma pese a las reclamaciones de Ceuta, los sanitarios, la policía, la guardia civil y sectores del propio PSOE ceutí.