La científica del INTA exonerada tras investigar agroquímicos denuncia persecución y reclama libertad de investigación

Virginia Aparicio grabó un video después de recibir la notificación de su exoneración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Empezó presentándose como investigadora del INTA y del Conicet, servidora pública con más de 20 años de trabajo científico en el Sistema Público Nacional. Desde ahí cuestionó la decisión de las autoridades del organismo y habló de un proceso de persecución y desacreditación.

Según su relato, en 2020 comenzó a participar, con autorización del INTA, en un proyecto internacional que estudió la presencia de sustancias usadas en la producción agropecuaria. Aparicio sostiene que el trabajo permitió documentar la presencia y distribución de más de 200 plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y humanas. El proyecto es conocido como SPRINT y buscaba analizar la presencia de plaguicidas y sus posibles efectos sobre el ambiente y la salud.

La investigadora ubica el origen del conflicto en 2023. Ese año, afirma, el INTA le inició un sumario precisamente por participar en el proyecto, y comenzó una campaña de desacreditación tanto de la investigación como de su papel en ella. Ahora confirmó que el procedimiento terminó con su separación: le notificaron la exoneración de la administración pública, que dictamina el Consejo Directivo junto con el presidente del INTA.

Según publicó Página/12, entre las imputaciones que el organismo formuló figuraban presuntas irregularidades en el manejo de fondos, en los procedimientos jerárquicos y en aspectos del protocolo de investigación. Aparicio rechaza esos cuestionamientos y sostiene que la medida apuntó a limitar el desarrollo de investigaciones sobre temas sensibles.

En el video también agradeció a quienes la acompañaron durante lo que describió como un proceso largo y doloroso. Mencionó apoyos sindicales, políticos, científicos y universitarios, y los de la gente común, a la que definió como un pueblo que merece conocer los resultados de las investigaciones públicas. Les pidió que sigan a su lado después de la exoneración.

Uno de sus reclamos centrales apunta a la responsabilidad del INTA frente a las personas que participaron como voluntarias en el proyecto. Afirmó que el instituto debe hacerse cargo de la vulneración de sus derechos y recordó que gracias a ellas se dispone de la información obtenida. Agregó que el organismo debe responder a la comunidad, a la que, dijo, los investigadores se deben.

Hacia el final, Aparicio llevó el caso más allá del conflicto administrativo: en democracia, planteó, no pueden vivir procesos de censura, de persecución ni de falta de libertad para investigar. Cerró con una frase: la ciencia se rebate con ciencia, no con menos ciencia.

La exoneración generó rechazo en organizaciones académicas, investigadores e instituciones, que impulsaron una carta en defensa de la ciencia pública y la libertad de investigación. Queda por ver si el INTA responde a los reclamos sobre los voluntarios y a las acusaciones de persecución.