FOSPA: pueblos indígenas amazónicos se unen contra la minería extractiva

En el río Jatunyaku, a principios de agosto, representantes de comunidades indígenas desplegaron dos pancartas simples pero contundentes: "El agua es vida" y "Ama el Amazonas". No era un acto aislado. Era el lunes de la semana en que comenzaba el XII Foro Social Panamazónico en Ecuador, y lo que ocurría en ese río era parte de una movilización regional más amplia contra la minería extractiva que ha transformado radicalmente los territorios amazónicos en apenas tres años.

La Federación de Organizaciones Indígenas de Napo, junto con las comunidades kichwa de Serena y Tzawata, convocó a colectivos sociales de toda la provincia para defender lo que consideran indefendible: sus tierras ancestrales. El FOSPA, que se celebraba del 16 al 21 de agosto de 2026, reunía por primera vez a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y organizaciones de la sociedad civil de los nueve países amazónicos bajo un lema compartido: "Adoke Öme – Un Territorio, Libre de Extractivismo". Participaban aliados internacionales de más de 25 países. Pero el acto en Napo no era un discurso de conferencia. Era una declaración de resistencia territorial.

Serena forma parte de una red de siete comunidades que protegen colectivamente al menos 17.000 hectáreas contra la invasión minera. Es uno de los pocos lugares en la provincia donde las compañías extractivas no han logrado establecerse, un logro que costó la creación de Yuturi Warmi, una guardia indígena compuesta por 35 mujeres que desde su fundación vigilan el acceso al territorio. María José Andrade Cerda, integrante de esa guardia, fue clara sobre lo que enfrentan: "Nos estamos organizando contra el ataque sistemático de la minería ilegal. Desde que llegaron los mineros, hemos perdido la paz". Su compañera Nashly Tanguila describió la velocidad del colapso: en solo tres años, la minería ha envenenado la tierra, dejando solo peces contaminados que enferman a quienes los consumen.

El gobierno ecuatoriano había ordenado en febrero de 2026 la suspensión de actividades mineras en la provincia. En junio, las Fuerzas Armadas intervinieron en el río Jatunyacu, destruyendo ocho dragas y tres campamentos dentro de la Reserva Biológica Colonso Chalupas. Pero la minería ilegal continúa. Las órdenes de suspensión no se han traducido en protección efectiva. Los activistas y comunidades que se reunieron en el FOSPA exigieron que esa suspensión se convirtiera en una protección permanente y vinculante.

Lo que sucede en Napo refleja una crisis más profunda. Según el Panel Científico para la Amazonía, la deforestación acumulada ya ha afectado casi el 18 por ciento de la selva amazónica, mientras que la degradación ha alcanzado otro 38 por ciento. Juntas, estas presiones aumentan el riesgo de un colapso ecológico y social irreversible en la región y más allá. Leo Cerda, activista kichwa de Napo, expresó la intención de las comunidades de manera clara: "No buscamos conquistar, sino conectar, para que el mundo finalmente escuche las voces de la Amazonía".

Lo que hace particular esta movilización es que expone una contradicción fundamental en la transición climática global. Mientras gobiernos e industrias abandonan los combustibles fósiles, la presión para extraer oro y los llamados minerales críticos recae precisamente sobre las cabeceras amazónicas y territorios indígenas que son esenciales para estabilizar el clima regional y global. Una transición justa no puede simplemente trasladar la extracción a las tierras de quienes menos responsables son de la crisis climática y más necesarios para resolverla. Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, fue directa: el gobierno ecuatoriano impulsa una estrategia de despojo mediante el incumplimiento sistemático de sus obligaciones de proteger los territorios ancestrales, el agua y la naturaleza.

El FOSPA adoptó un mandato regional que declara la Amazonía en estado de emergencia. Exige a estados, empresas e instituciones financieras garantizar el reconocimiento jurídico y la protección de territorios indígenas, respetar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos, y asegurar que la financiación climática llegue directamente a las organizaciones indígenas. También reconoce las economías territoriales indígenas, incluyendo sistemas agrícolas tradicionales, como alternativas viables al extractivismo. El seguimiento se coordinará a través de COICA, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, reforzando un principio que resonó en el río Jatunyaku: las decisiones sobre los territorios amazónicos deben recaer en los pueblos que los han protegido durante generaciones.