España quema gas al máximo desde 2022 y duplica el coste de la luz este año

España está quemando gas a un ritmo que no se veía desde finales de 2022. En septiembre, los ciclos combinados —las plantas térmicas que funcionan con gas natural— están generando casi el 23% de toda la electricidad del país, una proporción que refleja una tormenta perfecta de factores: precios internacionales del gas disparados, una sequía de viento e hidráulica que obliga a compensar con combustibles fósiles, y la decisión del Gobierno de mantener en funcionamiento la central nuclear de Almaraz tres años más de lo previsto.

El precio del gas se ha triplicado este año, alcanzando los 80 euros por megavatio-hora, impulsado por la volatilidad de los mercados internacionales y los conflictos geopolíticos. España depende de importaciones para más de la mitad de su consumo de gas: Argelia es uno de los principales proveedores, una relación complicada por la tensión diplomática con Marruecos tras la invasión de Ceuta; Estados Unidos es el otro gran suministrador, y las relaciones bilaterales tampoco atraviesan su mejor momento. Esta dependencia del exterior tiene consecuencias inmediatas: mayores emisiones de dióxido de carbono, puesto que el gas es una de las fuentes más contaminantes, y una vulnerabilidad estructural ante cualquier perturbación en los mercados globales.

Septiembre es históricamente un mes difícil para el sistema eléctrico español. El calor persiste, manteniendo el consumo elevado, pero aún no llegan las borrascas otoñales que activarían la generación eólica e hidroeléctrica. La producción nuclear permanece estable en torno al 18%, sin variaciones. El resultado es un vacío que solo pueden llenar los ciclos combinados, y ese vacío es cada vez más caro de rellenar. La excepcionalidad de 2026 radica en que esta dependencia del gas coincide con precios internacionales en máximos históricos recientes, una combinación que no se había visto desde el final del verano de 2022.

La decisión del Gobierno de prorrogar Almaraz tres años adicionales, anunciada hace apenas cuatro semanas, adquiere nuevo significado en este contexto. El Ejecutivo reconoció explícitamente que la volatilidad de precios en los mercados internacionales influyó en esa decisión. Sin la aportación de la energía nuclear —que representa aproximadamente el 20% de la generación anual— la presión sobre los ciclos combinados sería aún mayor, y con ella, los costes. El Plan Nacional de Energía y Clima de 2030 contemplaba cerrar Almaraz a partir de 2027, pero mantener intacta la capacidad instalada de ciclos combinados en 27 gigavatios, una infraestructura que permanece lista pero generalmente inactiva porque es la más cara del sistema, la última que entra en funcionamiento y, paradójicamente, la que fija el precio final diario.

Esta realidad se traduce directamente en las facturas de los españoles. El precio medio de la electricidad en lo que va de septiembre alcanza los 150 euros por megavatio-hora, un 28% más que en agosto, cuatro veces superior al coste que había cuando comenzó la intervención militar estadounidense en Irán a finales de febrero, y exactamente el doble del precio de hace un año en las mismas condiciones meteorológicas y de consumo. Aproximadamente ocho millones de hogares con tarifa regulada sienten este impacto directamente en sus recibos. Los más de 19 millones de hogares con tarifa libre no están afectados por ahora, pero cualquier renovación de contrato o cambio de compañía les hará pagar más.

La volatilidad diaria es dramática. Durante el día, cuando la energía solar inunda la red entre las 12 y las 18 horas, los precios se desploman gracias a la intervención de las fotovoltaicas. Pero cuando cae el sol, la dependencia de los ciclos combinados se vuelve inevitable, y ahí la factura se dispara. En jornadas recientes, el coste de la electricidad a las 22 horas ha alcanzado los 225 euros por megavatio-hora, una cifra que evoca la crisis ucraniana de 2022, cuando precios similares obligaron al Gobierno a negociar en Bruselas e implementar la excepción ibérica para limitar el precio del gas.

Las perspectivas no son alentadoras. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, anticipó en su rueda de prensa de la semana pasada que la inflación seguirá tensionada durante los próximos meses, lo que podría llevar a nuevas subidas de tipos de interés. La culpa, según el BCE, recae en los costes energéticos: el petróleo, el margen del refino del diésel disparado por el cierre de instalaciones derivado de conflictos bélicos, y el gas natural, cuyas expectativas siguen siendo pesimistas. Desde ahí, la cadena de efectos se propaga: fertilizantes, materias primas, y finalmente el precio de la cesta de la compra. España, una vez más, se encuentra atrapada entre la volatilidad de los mercados internacionales y la necesidad inmediata de mantener la luz encendida.