El Constitucional decidirá en octubre sobre la amnistía a Puigdemont y otros líderes del procés

Casi dos años después de que el Parlamento aprobara una ley de amnistía para los líderes del proceso independentista catalán, la paradoja más incómoda sigue sin resolverse: el hombre que encabezó ese movimiento, Carles Puigdemont, aún no puede regresar a España. Hoy comienza el Tribunal Constitucional a deshacer ese nudo. A partir del 6 de octubre, el tribunal de garantías tomará decisiones definitivas sobre los recursos presentados por seis políticos catalanes a los que la Corte Suprema se negó a amnistiar por el delito de malversación. Entre ellos están Puigdemont y dos compañeros suyos que huyeron a Bélgica, así como Oriol Junqueras y otros tres dirigentes que fueron condenados en 2019.

La Suprema justificó su negativa con un argumento que ha resultado ser el punto de quiebre de todo el proceso: aunque estos políticos no se embolsaron dinero público directamente, sí se ahorraron gastos al usar fondos del Estado para financiar sus objetivos independentistas. Eso, argumentó el tribunal, constituía enriquecimiento personal y por tanto quedaba fuera del alcance de la amnistía. Una magistrada de ese mismo tribunal, Ana Ferrer, votó en contra de esta interpretación, dejando constancia de su desacuerdo en un voto particular que ahora cobra importancia decisiva.

El Constitucional comenzará hoy examinando el recurso de Jordi Turull. El magistrado José María Macías, de tendencia conservadora, ha redactado una ponencia que respalda el razonamiento de la Suprema. Pero las fuentes del tribunal indican que esa posición será rechazada por la mayoría progresista del Constitucional. Lo que significa que la primera sentencia que ampare a alguno de estos recurrentes no llegará antes del pleno del 6 de octubre. Entonces, incluso si Macías sigue siendo el ponente, deberá ajustar su redacción a los argumentos que prevalezcan entre los magistrados, aunque pueda emitir un voto particular en contra de su propia sentencia. Eso es una particularidad del Constitucional que no existe en la justicia ordinaria.

El sector progresista del tribunal sostiene que la ley de amnistía fue redactada precisamente para cubrir este tipo de gastos: la aplicación de fondos públicos a la celebración de referéndums y a la promoción del independentismo catalán. Ferrer escribió en su voto particular que la intención legislativa era clara: amnistiar exactamente los hechos que dieron lugar a las condenas de Bassa, Junqueras, Romeva y Turull. La propia redacción de la ley lo dejaba explícito al señalar que no se consideraría enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a esos fines cuando no hubiera propósito de obtener beneficio personal. Ferrer argumentó que interpretar lo contrario era una deducción tan artificiosa que equivalía no a interpretar la ley sino a derogarla.

La Corte de Justicia de la Unión Europea se pronunció en julio pasado respaldando que la ley de amnistía era compatible con el derecho europeo, lo que añade peso a los argumentos de la mayoría progresista del Constitucional. Si el tribunal ampara a alguno de estos recurrentes en octubre, el juez instructor Pablo Llarena podría levantar la orden de detención nacional contra Puigdemont sin esperar a que se resuelva su caso particular. Eso abriría el camino para su regreso a España casi nueve años después de aquella breve y fallida declaración de independencia que pronunció como president. Junto a Puigdemont podrían regresar también Toni Comín y Lluís Puig, contra los que pesa la misma orden de detención. Para los políticos condenados, la amnistía también significaría poder presentarse nuevamente como candidatos en futuras elecciones, recuperando derechos políticos que ahora tienen suspendidos.