En la política chilena, donde la frontera entre la crítica legítima y la campaña orquestada se vuelve cada vez más difusa, el alcalde de Santiago Mario Desbordes ha convertido un mensaje anónimo en redes sociales en un caso judicial y en una acusación de alcance mayor: que fondos públicos del gobierno anterior habrían financiado ataques digitales contra su gestión. El episodio, iniciado en enero con una publicación que lo acusaba de encubrir delitos en el Parque O'Higgins, revela la tensión creciente entre el poder institucional y las operaciones de influencia en el ecosistema digital latinoam