Costa Rica autoriza vacuna de Pfizer/BioNTech contra COVID-19

Menos 70 grados centígrados: la precisión que exigía la esperanza
Costa Rica invirtió en infraestructura extrema para almacenar vacunas que aún no había recibido.
Mark

¿Por qué Costa Rica necesitaba autorizar la vacuna nuevamente si la FDA estadounidense ya lo había hecho?

Mimi

Porque cada país tiene su propia autoridad regulatoria sanitaria. El reconocimiento de la aprobación de la FDA aceleró el proceso, pero Costa Rica necesitaba que su propio Ministerio de Salud validara el uso en su territorio. Es un requisito legal, no una duplicación innecesaria.

Mark

¿Qué tan preparado estaba el país logísticamente?

Mimi

Bastante preparado, en realidad. Ya había comprado los congeladores de ultrabaja temperatura antes de que la vacuna fuera autorizada. Eso sugiere que las autoridades estaban confiadas en que la aprobación llegaría. Pero aún así, los detalles importan: necesitaban bolsas especiales, agujas, una sala de almacenamiento. No es solo meter cajas en un refrigerador.

Mark

¿Cuál era el riesgo si no vacunaban rápido?

Mimi

Diciembre es temporada de fiestas. Reuniones familiares, celebraciones. El virus se propaga en esos espacios. Costa Rica ya tenía casi 155.000 casos y casi 2.000 muertes. Las autoridades sabían que si no comenzaban la vacunación en el primer trimestre de 2021, perderían meses críticos mientras la pandemia seguía circulando.

Mark

¿Tenían suficientes vacunas para toda la población?

Mimi

No exactamente. Los tres acuerdos que habían firmado cubrían a 3 millones de personas en un país de 5 millones. Eso significa que alrededor del 40% de la población tendría acceso garantizado inicialmente. El resto tendría que esperar a más dosis o a otros mecanismos.

Mark

¿Qué pasaba si las dosis no llegaban en el primer trimestre?

Mimi

Entonces la campaña se retrasaría. Las autoridades no tenían una fecha confirmada de llegada cuando autorizaron la vacuna. Era un plan, no una garantía. Todo dependía de la cadena de suministro internacional.

  • Costa Rica autorizó la vacuna Pfizer/BioNTech el 16 de diciembre, apenas días después de que la FDA estadounidense emitiera su propio aval de emergencia, comprimiendo semanas de burocracia en horas.
  • El país enfrentaba diciembre como su mes más vulnerable: con todas las actividades económicas reabiertas y la temporada festiva empujando a la gente a reunirse, el virus tenía el viento a su favor.
  • La infraestructura del frío se convirtió en un desafío tan urgente como la propia aprobación: 14 congeladores de ultrabaja temperatura, capaces de sostener menos 70 grados, fueron adjudicados para custodiar las dosis que aún no habían llegado.
  • Con 3 millones de dosis aseguradas entre Pfizer, AstraZeneca y el mecanismo COVAX, y una inversión de 70,7 millones de dólares comprometida, el país había apostado fuerte —pero la fecha de inicio de la campaña seguía sin confirmarse.
  • Las autoridades pedían disciplina preventiva a la población mientras el país esperaba: la vacuna estaba autorizada, pero la protección real dependía de una cadena logística internacional que nadie controlaba del todo.

En el umbral del solsticio de diciembre de 2020, Costa Rica dio su aval regulatorio a la vacuna de Pfizer y BioNTech, reconociendo en el gesto de otro país —Estados Unidos— una autoridad científica suficiente para proteger a los suyos. Para una nación de cinco millones de personas que ya cargaba casi dos mil muertes y más de 150.000 contagios, la autorización no era el fin del camino sino la apertura de una puerta cuya llave —las dosis físicas— aún no había llegado. La humanidad aprendía entonces que aprobar una vacuna y recibirla son dos actos separados por océanos de logística, frío extremo y tiempo.

El 16 de diciembre de 2020, el Ministerio de Salud de Costa Rica autorizó el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, apoyándose en el reconocimiento de la aprobación que la FDA estadounidense había otorgado días antes. Aunque el país ya había firmado acuerdos para recibir dosis, la autorización regulatoria nacional era un requisito administrativo ineludible antes de poder vacunar a nadie. La solicitud formal había ingresado el 13 de diciembre por la tarde y fue procesada con rapidez, aunque las autoridades advirtieron que aún no existía una fecha confirmada para la llegada de las primeras dosis al territorio.

Costa Rica había construido su estrategia sobre tres pilares: 1,5 millones de dosis de Pfizer mediante acuerdo bilateral, 500.000 de AstraZeneca y un millón adicional a través del mecanismo COVAX, con cobertura potencial para tres millones de personas. Pero las vacunas de Pfizer exigían condiciones extremas de almacenamiento, y el 8 de diciembre el país había adjudicado la compra de 14 congeladores de ultrabaja temperatura —13 de ellos capaces de mantener menos 70 grados centígrados— a la empresa Importaciones y Exportaciones JK Altívar. El plan total de gasto ascendía a 70,7 millones de dólares, incluyendo insumos complementarios y la construcción de una sala refrigerada en instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El contexto epidemiológico daba urgencia a cada decisión: el país acumulaba 154.096 casos confirmados y 1.956 muertes en nueve meses. Para mediados de diciembre, casi todas las actividades económicas estaban reabiertas, y las autoridades advertían que la temporada festiva podría acelerar los contagios. Mientras la infraestructura se terminaba de montar y las dosis aguardaban en algún punto de la cadena logística internacional, el mensaje oficial era claro: la vacuna estaba autorizada, pero la protección dependía aún de la paciencia y la disciplina de quienes esperaban recibirla.

Costa Rica dio un paso decisivo en su respuesta a la pandemia el 16 de diciembre cuando su Ministerio de Salud autorizó el uso de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. La decisión se basó en el reconocimiento de la aprobación de emergencia que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos había otorgado días antes. Aunque el país de 5 millones de habitantes ya había firmado acuerdos para recibir las dosis, la autorización regulatoria nacional representaba un requisito administrativo fundamental antes de poder iniciar cualquier campaña de inmunización.

La Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio recibió la solicitud formal de autorización de uso en emergencia el 13 de diciembre por la tarde, y procesó la aprobación con rapidez. Sin embargo, las autoridades fueron claras en un punto: aunque ya habían autorizado el fármaco, aún no tenían una fecha confirmada para la llegada de las primeras dosis al territorio nacional. El objetivo declarado era comenzar la campaña de vacunación durante el primer trimestre de 2021, pero esto dependería de la logística internacional y la disponibilidad de las dosis.

Costa Rica había sido estratégico en su preparación. El país había asegurado 1,5 millones de vacunas Pfizer-BioNTech mediante un acuerdo bilateral, además de compromisos adicionales con AstraZeneca para 500.000 dosis y participación en el mecanismo COVAX para un millón más, lo que le daría cobertura potencial a 3 millones de personas. Pero las vacunas de Pfizer requieren condiciones de almacenamiento extremadamente exigentes. El 8 de diciembre, el país había adjudicado la compra de 14 congeladores de ultrabaja temperatura, incluyendo 13 unidades capaces de mantener temperaturas de menos 70 grados centígrados con capacidad de 550 litros cada una, y un congelador adicional de 750 litros. Estos equipos fueron asignados a la empresa Importaciones y Exportaciones JK Altívar.

La inversión en infraestructura era considerable. El plan total de gasto ascendía a 70,7 millones de dólares, cifra que incluía no solo las vacunas sino también los insumos complementarios necesarios para la campaña. Las autoridades estaban en proceso de adjudicar otros elementos críticos: torundas de algodón, agujas hipodérmicas, bolsas para desechos ordinarios y biomédicos, además del diseño y construcción de una sala de almacenamiento refrigerado en las instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

En el contexto epidemiológico, Costa Rica enfrentaba una situación que justificaba la urgencia. Hasta la fecha de esta autorización, el país había registrado 154.096 casos confirmados de COVID-19 y 1.956 muertes en poco más de nueve meses desde el inicio de la pandemia. Aunque el país había implementado ciclos de cierre y reapertura gradual durante los meses anteriores, para mediados de diciembre prácticamente todas las actividades económicas estaban habilitadas nuevamente. Las autoridades sanitarias advertían que diciembre sería un mes crítico, dado que la temporada festiva típicamente generaba reuniones masivas que podrían acelerar la transmisión del virus. Insistían en que la población mantuviera disciplina en las medidas preventivas mientras se preparaba la infraestructura para la vacunación que comenzaría en los primeros meses del año siguiente.

Esta autorización se da gracias al trabajo de la Dirección de Regulación de Productos Interés Sanitario, que recibió la solicitud de autorización de uso en emergencia el 13 de diciembre
— Ministerio de Salud de Costa Rica
Las autoridades insistieron en la necesidad de que la población fuera responsable y aplicara todas las medidas preventivas, pues diciembre sería clave al tratarse de una época en que la gente suele reunirse
— Autoridades sanitarias de Costa Rica
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