Desde el 1 de julio de 2026, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile exige que las operaciones bancarias críticas sean autorizadas mediante al menos dos factores de seguridad independientes, poniendo fin a décadas en que una simple tarjeta de coordenadas bastaba para mover dinero. La medida responde al avance del fraude digital y la suplantación de identidad, males que han superado la capacidad protectora de los métodos tradicionales. En este umbral, la sociedad chilena enfrenta una pregunta que trasciende la tecnología: cómo construir sistemas más seguros sin dejar atrás a quienes no