Durante décadas, miles de familias chilenas fueron separadas por una red de adopciones ilegales que operó con la complicidad del Estado, la medicina y la iglesia. Cuando por fin una institución pública —la UBAFI— fue creada para investigar sistemáticamente ese daño, fue clausurada apenas meses después bajo razones presupuestarias. Lo que queda es una herida abierta reconocida por la ONU como crimen de lesa humanidad, pero sin nadie en el aparato estatal encargado de sanarla.
Víctimas de adopciones ilegales en limbo tras cierre de unidad investigadora
Más de 20.000 niños fueron sustraídos de sus familias biológicas en adopciones ilegales; solo 1.000 han sido reencontrados, dejando miles de familias separadas sin respuestas sobre el paradero de sus hijos.