Vial rechaza que FF.AA. participen en orden público: "No están para eso"

Cristián Vial, senador republicano y general en retiro del Ejército, se presentó en el programa de streaming de La Tercera para defender la agenda de seguridad del gobierno contra el crimen organizado, pero con una salvedad fundamental: las Fuerzas Armadas no deben participar en labores de orden público ni estar bajo mando policial.

En la entrevista conducida por Rodrigo Álvarez y Eugenia Fernández, Vial utilizó una metáfora médica para explicar su posición sobre la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo que ingresaría al Parlamento. Describió el crimen organizado como un cáncer que aqueja a Chile de manera inédita en su historia republicana, y la reforma constitucional propuesta como el bisturí quirúrgico necesario para enfrentarlo. Según su análisis, el Estado enfrenta un fenómeno de proporciones sin precedentes que justifica incluso modificaciones constitucionales para habilitarlo adecuadamente.

Aunque Vial respalda estas reformas constitucionales, reconoció que existe debate dentro de la coalición gobernante. Cuando se le preguntó si era necesaria una reforma constitucional, respondió que aunque no conocía el texto en detalle, había razones válidas para consagrar a nivel constitucional la responsabilidad estatal de enfrentar esta amenaza. Incluso expresó confianza en que Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, quien había manifestado dudas públicas sobre el proyecto, terminaría sumándose al esfuerzo.

Sin embargo, su posición cambió radicalmente cuando se abordó el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Ante la pregunta directa sobre si le parecía bien que los militares estuvieran en la calle para funciones de orden público, respondió con un categórico "definitivamente, no". Para Vial, las Fuerzas Armadas tienen un propósito específico: desplegarse en la frontera norte, donde han duplicado sus efectivos, y en la Macrozona Sur en el Biobío y La Araucanía. El orden público, en cambio, es responsabilidad exclusivamente policial porque se trata de garantizar el respeto de la ley para la convivencia cotidiana, incluyendo manifestaciones y protestas.

Su argumento se basó en una distinción fundamental entre funciones policiales y militares. Explicó que cuando un policía actúa en una manifestación busca retener a una persona para llevarla ante la ley, mientras que un militar en cualquier ejército del mundo busca destruir al adversario. Son paradigmas incompatibles. Subordinar a las Fuerzas Armadas bajo mando policial, agregó, generaría interferencias mutuas entre dos organizaciones jerárquicas y desnaturalizaría la profesión militar.

Vial citó el ejemplo de Colombia, donde las Fuerzas Armadas llevan décadas involucradas en seguridad pública interior porque el conflicto escaló más allá del umbral policial hacia lo militar. Chile, sostuvo, aún no ha llegado a ese punto. La naturaleza del conflicto sigue siendo policial, no militar. Por eso propuso que en el articulado se contemple un apoyo de las capacidades militares a la labor policial, pero sin subordinación ni cambio de mando.

Un aspecto adicional de su argumento fue el costo humano que ya han pagado las instituciones de seguridad. Vial señaló que Carabineros, mandatados por el Estado para proteger a la ciudadanía, enfrentaron el estallido social con sus vías destruidas y muchos de sus miembros encarcelados. Ahora, a través de la ACOT, se busca entregarles confianza para resolver la crisis de seguridad. Para Vial, encarcelar a quienes actuaron años atrás mientras se les pide resolver el problema actual es un contrasentido que colisiona con la lógica de la política de seguridad.