En Colombia, la transición entre gobiernos no solo implica el relevo de cargos, sino también el retiro de los escudos invisibles que protegen a quienes ejercieron el poder. La Unidad Nacional de Protección ha comenzado a desmantelar los esquemas de seguridad de decenas de exfuncionarios y allegados del gobierno Petro, una decisión que toca desde exministros hasta activistas y creadores de contenido. Lo que está en juego no es solo una burocracia de escoltas, sino la pregunta de hasta dónde llega la responsabilidad del Estado con quienes sirvieron bajo su bandera y aún enfrentan amenazas docume
UNP retira esquemas de seguridad a exministros del gobierno Petro
Personas que contaban con medidas de protección pierden esquemas de seguridad, lo que potencialmente aumenta su vulnerabilidad ante amenazas documentadas durante el gobierno anterior.
313 incidentes de seguridad documentados, 276 de ellos atentados
Mark
¿Por qué la UNP está retirando protección precisamente ahora, meses después de que Petro dejó el cargo?
Mimi
Didier Blanco, quien dirige la UNP bajo el nuevo gobierno, comenzó una revisión sistemática de los esquemas en agosto. Es una práctica común cuando cambia la administración, pero el alcance aquí es notable: no solo ministros, sino también activistas, creadores de contenido y familiares de políticos de oposición.
Luke
Espera. ¿Tenemos claridad sobre cuál es el criterio para retirar protección? ¿Es que ya no hay amenazas, o es una decisión política? El artículo no lo especifica.
Mimi
Eso es lo que no sabemos. La UNP no ha explicado públicamente los criterios. Lo que sí sabemos es que entre 2022 y 2026 registraron 313 incidentes de seguridad contra personas protegidas, 276 de ellos atentados.
Mark
Entonces hay documentación de que estas personas fueron amenazadas.
Luke
Exacto. Lo cual hace la decisión más compleja. Si las amenazas fueron reales hace poco, ¿qué cambió? ¿Desaparecieron las amenazas o cambió la evaluación política de quién merece protección?
Mimi
Los afectados tienen diez días para apelar. Jorge Lemus ya dijo que lo haría. Eso sugiere que algunos creen que la decisión es cuestionable.
Mark
¿Hay un patrón en quién pierde protección?
Mimi
Sí. Son exfuncionarios del gobierno Petro, sus allegados, activistas cercanos a la izquierda, y familiares de políticos de oposición como Iván Cepeda. No es aleatorio.
Luke
Pero tampoco es universal. No todos los exfuncionarios Petro aparecen en la lista. Eso sugiere que hay criterios, aunque no públicos. Eso es lo que debería preocupar.
Mark
¿Qué pasa si alguien es amenazado después de perder protección?
Mimi
Técnicamente podrían solicitar protección de nuevo, pero el daño ya estaría hecho. Y el mensaje político es claro: el nuevo gobierno está redefiniendo quién merece seguridad estatal.
El Pulso
- La UNP, bajo su nuevo director Didier Blanco, ha iniciado un retiro sistemático de protección que afecta a más de una docena de exministros y figuras clave del gobierno Petro, generando alarma entre los afectados.
- La medida va más allá del gabinete: alcanza a familiares de políticos de izquierda, activistas como Daniel Mendoza —creador de Matarife— y youtubers cercanos al círculo progresista, lo que amplía el impacto político y simbólico de la decisión.
- La propia UNP registró 276 atentados contra personas bajo su protección entre 2022 y 2026, lo que convierte el retiro de esquemas en una decisión con consecuencias potencialmente letales para los afectados.
- Los exfuncionarios tienen diez días para apelar; Jorge Lemus ya anunció que lo hará, y se espera que otros sigan su ejemplo en un proceso que apenas comienza a revelar su alcance real.
En Colombia, la transición entre gobiernos no solo implica el relevo de cargos, sino también el retiro de los escudos invisibles que protegen a quienes ejercieron el poder. La Unidad Nacional de Protección ha comenzado a desmantelar los esquemas de seguridad de decenas de exfuncionarios y allegados del gobierno Petro, una decisión que toca desde exministros hasta activistas y creadores de contenido. Lo que está en juego no es solo una burocracia de escoltas, sino la pregunta de hasta dónde llega la responsabilidad del Estado con quienes sirvieron bajo su bandera y aún enfrentan amenazas documentadas.
La Unidad Nacional de Protección ha puesto en marcha el retiro de esquemas de seguridad a decenas de personas vinculadas al gobierno de Gustavo Petro. Entre los afectados figuran exministros de carteras tan diversas como el Interior, el Trabajo, la Cancillería y Hacienda: Armando Benedetti, Antonio Sanguino, Rosa Yolanda Villavicencio y Germán Ávila, entre otros. La lista se extiende a funcionarios de segunda línea, como el exdirector del DNI Jorge Lemus, el exsuperintendente de Salud Daniel Quintero y la expresidenta de la junta de Ecopetrol Ángela María Robledo.
Pero la decisión no se detiene en los pasillos del poder formal. También alcanza a Pilar Rueda, esposa del senador Iván Cepeda y funcionaria de la JEP; a Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, hija de la excandidata vicepresidencial Aida Quilcué; y a figuras del ecosistema digital de izquierda como el youtuber Levy Rincón, el influenciador Beto Coral —recientemente deportado de Estados Unidos— y Daniel Mendoza, creador de la polémica serie Matarife.
Lo que hace más grave la situación es que la propia UNP tiene documentados 313 incidentes de seguridad contra personas bajo su protección entre agosto de 2022 y junio de 2026, de los cuales 276 fueron clasificados como atentados. Es la misma institución que ahora retira los escudos la que ha registrado la magnitud del peligro que enfrentan estas personas.
Los afectados cuentan con diez días para apelar. Jorge Lemus ya anunció que presentará un recurso formal. El proceso de revisión, iniciado a finales de agosto, continúa su curso bajo la dirección de Didier Blanco, y su desenlace definirá no solo la seguridad de decenas de personas, sino también los límites de la responsabilidad del Estado hacia quienes gobernaron bajo el sello del cambio.
La Unidad Nacional de Protección ha comenzado a retirar esquemas de seguridad a decenas de exfuncionarios y allegados del gobierno de Gustavo Petro, una decisión que afecta a ministros que ocuparon carteras clave durante la administración anterior. Entre los nombres en la lista están Armando Benedetti, quien fue ministro del Interior; Antonio Sanguino, del Trabajo; Rosa Yolanda Villavicencio, canciller; Germán Ávila, de Hacienda; y otros funcionarios de rango similar que ahora pierden la protección estatal que recibían.
La medida, que comenzó a ejecutarse bajo la dirección de Didier Blanco al frente de la UNP, se extiende más allá de los ministros. También alcanza a Luis Alfredo Acosta Zapata, exministro de Igualdad; Yesenia Olaya, de Ciencia; Diana Morales, de Comercio; Guillermo Alfonso Jaramillo, de Salud; José Antonio Ocampo, de Hacienda en un período anterior; Edwin Palma, de Minas; Yeimi Carina Murcia, de las TIC; Otty Patiño, alto comisionado para la paz; y Jorge Lemus, quien dirigía el Departamento Nacional de Inteligencia y estaba a cargo de la Unidad de Información Financiera. El exsuperintendente de Salud Daniel Quintero, la expresidenta de la junta directiva de Ecopetrol Ángela María Robledo, y el expresidente de Colpensiones Jaime Dussán también figuran en la relación de personas a las que se les retira protección.
La decisión no se limita a funcionarios de gobierno. Incluye a Pilar Rueda, esposa del excandidata presidencial Iván Cepeda y funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz; Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, hija de la excandidata vicepresidencial Aida Quilcué; y Daniel Mendoza, activista y creador de la serie Matarife. La medida también se ha aplicado a creadores de contenido y personas cercanas al círculo político de izquierda, como el youtuber Levy Rincón, Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero, y el influenciador Beto Coral, quien fue deportado recientemente de Estados Unidos.
Los afectados tienen derecho a apelar la decisión dentro de los próximos diez días. Jorge Lemus ya ha anunciado que presentará una apelación formal a la determinación de la UNP. El proceso de revisión de esquemas de seguridad comenzó a finales de agosto, cuando la entidad inició un análisis sistemático de las medidas de protección otorgadas durante la administración Petro.
La decisión ocurre en un contexto donde la propia UNP ha documentado amenazas significativas contra personas bajo su protección. Entre agosto de 2022 y junio de 2026, la entidad registró 313 incidentes de seguridad contra individuos con medidas de protección activas, de los cuales 276 fueron clasificados como atentados. Estos números sugieren que las personas ahora sin esquema enfrentan un entorno donde las amenazas contra figuras políticas y allegadas al gobierno anterior han sido documentadas y cuantificadas por la misma institución que ahora retira su protección.
Citas Notables
Jorge Lemus presentará una apelación a la decisión de la UNP— Revista Semana, citando al exdirector del DNI
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