Universidades del OCAD CTeI niegan aprobación express tras alerta de la Procuraduría

El jueves 6 de agosto, cinco universidades colombianas salieron al paso de una acusación que las señalaba de intentar aprobar casi 50 proyectos de investigación sin el debido escrutinio. La Procuraduría había levantado la voz horas antes, pidiendo al OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación que detuviera cualquier decisión sobre esos 49 iniciativas, que en conjunto movían cerca de 735 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías.

Las universidades —Unipaz, Universidad de Cartagena, Universidad de los Llanos, Universidad de Santander y Universidad Tecnológica de Pereira— rechazaron de plano la idea de que estuvieran actuando de manera irresponsable o a espaldas del país. En un comunicado, explicaron que la sesión de ese jueves no buscaba hacer una aprobación rápida y sin criterio, sino revisar el estado real de los proyectos y examinar con cuidado las alertas técnicas, jurídicas y administrativas que rodeaban cada uno.

Lo que estaba en juego era la velocidad. La Procuraduría argumentaba que no había habido tiempo suficiente para revisar adecuadamente iniciativas de esa envergadura. Las universidades respondieron que los proyectos ya habían seguido el proceso correspondiente, que era el camino legal aprobado para estudiar las propuestas que llegaron de las convocatorias del plan bienal 2023-2024. Estos proyectos, dijeron, habían cumplido el ciclo de elegibilidad requerido, aunque aún no tenían aprobación final.

En su defensa, las cinco instituciones fueron claras sobre qué significa para ellas aprovechar oportunamente los recursos disponibles. No se trata de flexibilizar controles ni de actuar sin revisión, aclararon. Significa gestionarlos con responsabilidad, transparencia y oportunidad, garantizando que solo avancen aquellos proyectos que cumplan plenamente con las exigencias técnicas, jurídicas, financieras y administrativas. Era una respuesta directa a la insinuación de que estaban cortando caminos.

La tensión reflejaba una fricción más amplia en el sistema de ciencia, tecnología e innovación del país. Las universidades rechazaron categóricamente cualquier sugerencia de actuaciones a puerta cerrada, aprobaciones secretas o decisiones tomadas sin transparencia. Pero el hecho de que la Procuraduría sintiera la necesidad de intervenir sugería que había preocupaciones reales sobre cómo se estaban moviendo esos recursos.

Al cierre del comunicado, las universidades apuntaban hacia adelante. Dijeron que era necesario establecer una hoja de ruta con el nuevo gobierno para fortalecer el sistema en beneficio de los proyectos participantes. Era una forma de reconocer que el conflicto no era solo sobre estos 49 proyectos, sino sobre cómo debería funcionar todo el engranaje de financiamiento de la innovación en Colombia.