Un tercio de funcionarios rechaza ascensos por los precios de la vivienda

Fernando García pasó tres años preparándose para un examen de oposiciones. En junio de 2024, después de meses de estudio, aprobó y consiguió una plaza como auxiliar de informática en la Administración General del Estado. El puesto estaba en Madrid, en la zona de Pozuelo de Alarcón. Debería haber sido el momento de celebración. En cambio, cuando comenzó a buscar vivienda, los números dejaron de cuadrar. El alquiler más barato que encontró costaba más de 800 euros mensuales. Su sueldo era de aproximadamente 1.400 euros al mes. Tenía dos hijos en Albacete, con su esposa, a quienes no podía dejar atrás. Hizo las cuentas una y otra vez. Cada mes, después de pagar el alquiler y mantener a su familia, perdía dinero por trabajar. A los 46 años, García tomó una decisión que muchos considerarían incomprensible: renunció a la plaza y se volvió a Albacete.

Su historia no es excepcional. Una encuesta realizada durante el verano de 2026 por Supera Oposiciones, una academia especializada en preparación de funcionarios, reveló que casi uno de cada tres trabajadores públicos —el 31,5%— ha tenido que rechazar una plaza o un ascenso debido a los precios de la vivienda en su destino asignado. Los sindicatos consultados confirman que el fenómeno es real y creciente, aunque ninguno proporciona cifras propias. Javier Jordán, presidente del sector nacional de justicia del sindicato CSIF, reconoce que el problema afecta a la mayoría de los destinos, pero es especialmente grave en las zonas más tensionadas. Baleares es el caso más crítico: el delegado del Gobierno en esa comunidad autónoma admitió públicamente en mayo que los precios de la vivienda están expulsando a los funcionarios. Según Tinsa, la mayor tasadora de viviendas del país, el metro cuadrado en Baleares cuesta 3.782 euros, el más caro de toda España.

La crisis de vivienda no es un problema localizado. En el segundo trimestre de 2026, los precios de las casas en España subieron un 15,2% respecto al mismo período del año anterior, el mayor crecimiento registrado en dos décadas. Jordán señala que su sindicato recibe cada vez más quejas de funcionarios que no pueden permitirse el coste de los pisos en las grandes capitales de provincia. El Gobierno respondió a la situación en Baleares con una medida específica: el 7 de julio, el Consejo de Ministros aprobó un aumento de las indemnizaciones por residencia para los funcionarios de esa comunidad autónoma, tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos. La medida costará 16,3 millones de euros y beneficiará a más de 11.000 trabajadores públicos. Sin embargo, los sindicatos argumentan que el problema va mucho más allá de Baleares.

Comisiones Obreras señala un dato inquietante: el 30% de las personas que aprueban una oposición en la Administración General del Estado no llegan a tomar posesión de su plaza. El sindicato vincula directamente este porcentaje a la crisis de acceso a la vivienda. Montserrat Gómez, secretaria general del sector de la Administración General del Estado de CC OO, explica que cada vez hay más casos de personas que aprueban una oposición pero deciden renunciar porque no pueden afrontar el pago de una casa. La encuesta de Supera Oposiciones añade otro dato revelador: el 43,5% de los funcionarios condiciona su promoción a un incremento salarial o a un incentivo específico que compense directamente el coste de la vivienda en el lugar de destino. Jesús Polvorinos, director de la academia, ha observado un cambio notable en las preguntas que hacen los aspirantes. Hace años, lo primero que preguntaban era cuánto cobrarían o cuántas plazas había disponibles. Ahora, casi inmediatamente, preguntan qué destinos se pueden asignar y cuál es el coste de vida, especialmente el de la vivienda. El 23,8% de los participantes en el estudio afirma que esta variable condiciona totalmente cualquier decisión de traslado.

Las dificultades para atraer y retener funcionarios están comenzando a afectar la capacidad de la Administración para cubrir los puestos que necesita. Verónica Carballo, coordinadora de servicios públicos del sindicato UGT, advierte que cuando los precios de las casas se disparan, quienes se plantean opositar se lo piensan dos veces porque no les sale a cuenta mudarse a una gran ciudad. Madrid y Baleares son actualmente las comunidades donde resulta más complicado encontrar alquiler, con precios por encima de los 19 euros por metro cuadrado según el portal Fotocasa. En Cataluña se superan los 17 euros. Esos precios equivalen a rentas mensuales de entre 1.700 y 1.900 euros por un piso de 100 metros cuadrados. Muchos funcionarios, según la academia de oposiciones, optan por solicitar un traslado a su lugar de origen o a destinos menos masificados. Pero eso no siempre coincide con las necesidades reales de las Administraciones. Jordán advierte que el número creciente de vacantes puede generar dificultades importantes para prestar servicios públicos.

Los sindicatos han presentado varias propuestas para resolver la situación. Comisiones Obreras reclama una mejora de las condiciones salariales, argumentando que en el caso de la Administración General del Estado, los sueldos no deberían ser inferiores a 1.500 euros netos mensuales. UGT apunta a la necesidad de reforzar la acción social, el conjunto de ayudas económicas y beneficios complementarios que las Administraciones públicas ofrecen a su personal, incluyendo ayudas específicas para el pago de la vivienda. Polvorinos coincide con ambas reivindicaciones y propone además una descentralización territorial que incremente el número de plazas en zonas donde los pisos no sean tan costosos.

García, que finalmente consiguió una plaza como auxiliar informático en Albacete, dice que nunca se ha arrepentido de su decisión. Renunciando al puesto en la capital, ganó calidad de vida. Durante el año que pasó en Madrid, no pudo permitirse unas vacaciones. En su entorno, escucha a más trabajadores que quieren salir de las grandes ciudades porque la vivienda está volviéndose insoportable. Su conclusión es clara: cada vez será más difícil para los funcionarios vivir en las zonas más tensionadas, y las Administraciones públicas deben resolver este problema antes de que se agrave aún más.