Un estudio rebaja un 48% la brecha delincuencial entre extranjeros y españoles

Cuando un sociólogo de la Universidad Carlos III se propuso examinar casi 5,6 millones de sentencias condenatorias dictadas entre 2007 y 2023, descubrió algo que desafía la narrativa política dominante sobre la delincuencia y la inmigración en España. Jesús Sánchez Barricarte pasó años estandarizando esos datos—comparando españoles y extranjeros de las mismas edades y sexos—y encontró que la brecha delincuencial entre unos y otros se reduce drásticamente cuando se controlan esas variables. Donde los números brutos mostraban que los extranjeros delinquían 2,7 veces más que los españoles, el análisis riguroso rebaja esa proporción a 1,9 veces. Es una diferencia sustancial, pero también una revelación sobre cómo se construyen las narrativas políticas a partir de datos mal interpretados.

Los números crudos dicen que los extranjeros cometen 1.294 delitos por cada 100.000 habitantes mientras que los españoles cometen 675. Pero esos números ocultan una realidad demográfica simple: entre los inmigrantes hay 105 hombres por cada 100 mujeres, mientras que entre los españoles la proporción es de 95 a 100. Los hombres delinquen más que las mujeres. Los jóvenes delinquen más que los mayores. La población migrante es más joven y más masculina que la española. Cuando se igualan esas variables, la brecha se contrae casi a la mitad. Sánchez Barricarte sostiene además que las cifras de los inmigrantes están infladas porque se les vigila más, se les detiene más, y muchos carecen de abogados eficientes o traductores competentes. Mientras tanto, los delitos de cuello blanco de los españoles permanecen en gran medida sin perseguir, creando un subregistro que distorsiona la comparación.

La investigación también revela algo más perturbador: casi la mitad de las personas condenadas erróneamente en España entre 1996 y 2022 eran extranjeras, aunque estos representaban solo el 29% de la población penitenciaria. Ahmed Tommouhi, un albañil marroquí, pasó 15 años en prisión por violaciones que no había cometido. Fueron necesarios años de reportajes periodísticos y esfuerzo legal para que la justicia no solo lo liberara sino que lo indemnizara con 2,5 millones de euros. Su caso ilustra cómo los sesgos del sistema de justicia se superponen a los sesgos sociales ya existentes contra los extranjeros: pobreza, estigmatización, discriminación, falta de oportunidades y acceso a servicios.

Pero quizá el hallazgo más importante es que no existe una categoría monolítica llamada "extranjeros". Los asiáticos—chinos, indios, filipinos—cometen delitos por debajo de la tasa española. Los argelinos tienen una tasa de 3.161 delitos por cada 100.000 habitantes, mientras que los marroquíes tienen 1.553, los paquistaníes 436 y los malienses 613. Estas diferencias son demasiado grandes para atribuirse a la religión, como señala Sánchez Barricarte. En Iberoamérica, Ecuador registra 2.377 delitos por cada 100.000 personas mientras que Venezuela tiene 943. Estas variaciones sugieren que factores culturales, económicos y sociales específicos de cada país de origen—no la nacionalidad en sí—explican las diferencias observadas.

Otro factor que las estadísticas no desagregan es la diferencia entre inmigrantes y extranjeros en tránsito. Un inmigrante es alguien con vocación de permanencia en España. Pero hay turistas que delinquen, hay redes de delincuencia organizada que operan temporalmente en el país antes de saltar a otros países de la Unión Europea. Estos son delincuentes profesionales, no inmigrantes. Europa del Este destaca con las cifras más altas, 6.018 delitos entre la población de los Balcanes y Georgia. Además, el 57% de los extranjeros viven en ciudades de 50.000 o más habitantes, comparado con el 52% de los españoles. Los delitos se concentran en zonas urbanas. Este factor también está ausente de las estadísticas de delincuencia que se publican.

Entre 2017 y 2023, el número de irregulares en España aumentó un 345%. Durante el mismo período, la tasa estandarizada de delincuencia total de los extranjeros descendió un 2%. Algunos delitos específicos aumentaron—homicidios un 19%, delitos contra la libertad sexual un 28%, lesiones un 5%—pero estos aumentos están muy lejos del crecimiento total de la población irregular. Sin embargo, la narrativa política de la derecha y la ultraderecha tiende a presentar a quienes llegan sin papeles como intrínsecamente peligrosos, una ecuación simplista que los datos no respaldan.

Sobre el tema recurrente de los abusos contra "nuestras mujeres" que domina los mítines de la ultraderecha, el análisis muestra algo más matizado. Los homicidios y los delitos contra la libertad sexual no ocupan la parte alta de la tabla de delitos cometidos por extranjeros. Los delitos más frecuentes son contra la seguridad colectiva y el orden público (37,8%), contra el patrimonio (27,9%) y lesiones (15%). Cuando se trata de feminicidios en parejas o exparejas, así como delitos de odio por orientación sexual, los extranjeros sí muestran tasas más altas—el doble o el triple que los españoles. Pero Sánchez Barricarte hace una distinción crucial: son las mujeres extranjeras quienes padecen en mayor medida la violencia de los varones foráneos, no "nuestras mujeres" como afirma la ultraderecha. Las denuncias de mujeres por ataques sexuales en Ceuta en días recientes respaldan esta observación. Curiosamente, entre 2006 y 2024, los feminicidios entre extranjeros bajaron un 48% y las víctimas un 51%, sugiriendo que con el tiempo los comportamientos se adaptan a los del país de acogida.

El mensaje final de Sánchez Barricarte es claro: no se puede hablar de delitos de extranjeros frente a delitos de españoles como si fueran categorías homogéneas. Las diferencias por país de origen son tan notables que extender ese mensaje xenófobo es científicamente insostenible. Lo que se necesita es reforzar las políticas de integración cultural y el fomento de la igualdad, no narrativas que simplifiquen la realidad hasta convertirla en propaganda.