Tribunal ordena al Gobierno intervenir en Briceño en 30 días por crisis de seguridad

El Tribunal Administrativo de Antioquia ha ordenado al Gobierno Nacional intervenir en Briceño dentro de treinta días, rechazando una solicitud de medida cautelar y optando en su lugar por un mandato directo. La decisión llega después de años de peticiones ignoradas desde la región, donde grupos armados ilegales han establecido un control territorial casi absoluto sobre la población civil.

Briceño, un municipio de aproximadamente 2.500 habitantes en el norte antioqueño, se ha convertido en un enclave donde las disidencias de las Farc, el ELN y el clan del Golfo dictan las reglas de la vida cotidiana. Los residentes no pueden abandonar el municipio después de las seis de la tarde. Quienes desean entrar deben notificar previamente a las estructuras armadas. Los desconocidos que llegan sin autorización se convierten en objetivos de vigilancia en el casco urbano y objetivos militares en las zonas rurales. Incluso los traslados de personas enfermas a hospitales fuera del municipio requieren protocolos establecidos y aprobados por los grupos armados que controlan los accesos viales.

El panorama se tornó crítico en mayo cuando el periodista Mateo Pérez fue secuestrado, torturado y asesinado por el frente 4 de las disidencias de las Farc en zona rural. Su muerte expuso al país la magnitud de la crisis que los briceñenses enfrentaban en silencio. El alcalde Noé de Jesús Espinosa fue declarado objetivo militar del frente 36 en febrero anterior, recibiendo como única medida de protección un vehículo convencional para su transporte. Según Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, el acceso al municipio es tan peligroso que desde el momento en que se abandona la carretera principal y se ingresa a Briceño, uno se expone a encuentros impredecibles con grupos armados.

La Gobernación de Antioquia ha remitido sesenta oficios al Gobierno Nacional desde 2024 solicitando intervención. Ninguno recibió respuesta ejecutiva. Ante esta inacción, la administración departamental acudió al tribunal pidiendo un plan urgente de intervención en seguridad que garantizara protección efectiva, presencia institucional y medidas para prevenir desplazamientos masivos. Las Naciones Unidas habían documentado una falta de respuesta estatal efectiva frente a una crisis humanitaria verificada y persistente.

En sus respuestas al tribunal, las autoridades nacionales argumentaron que en el marco de la política de Paz Total se habían adelantado diálogos con grupos armados y se habían suscrito acuerdos de desescalamiento en municipios del norte antioqueño. Estas conversaciones ocurrieron a mediados de 2025. Desde entonces, la violencia en la región se ha recrudecido exponencialmente. Las autoridades también señalaron que la violencia en Briceño había disminuido entre 2024 y 2025, pero la alcaldía local aclaró que esa reducción no significaba restablecimiento de seguridad: las estructuras armadas ilegales persistían, especialmente en zonas rurales, junto con los riesgos de disputas territoriales y economías ilícitas.

El tribunal rechazó la medida cautelar solicitada y en su lugar ordenó directamente al Gobierno Nacional actuar. La Presidencia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior tienen treinta días para diseñar e implementar un plan transitorio de intervención urgente. Más específicamente, la Presidencia debe enviar en diez días hábiles el número de activos militares necesarios para contener la peligrosidad de la región. Además, se debe conformar un Consejo de Seguridad extraordinario en diez días hábiles para diseñar y coordinar una política pública de protección. El tribunal citó alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo de 2025 y sus seguimientos como base para la orden. Lo que antes era una solicitud ignorada es ahora un mandato judicial con plazos específicos y consecuencias legales por incumplimiento.