En una disputa que mezcla la ley electoral con la desconfianza entre niveles de gobierno, un tribunal federal de apelaciones decidió no adelantarse al juicio de primera instancia sobre una exigencia del Departamento de Justicia de apartar más de 20.000 votos por correo en California. La negativa se apoya en una cuestión de orden y competencia, pero deja a la vista la vieja tensión de las democracias federales sobre quién custodia el derecho al voto. Mientras la verificación de ciudadanía se mueve entre la sospecha y la prueba, el caso regresa a un juez que deberá resolver con prisa un asunto q
Tribunal de apelaciones rechaza el intento de Trump de apartar 20.000 votos por correo en California
La supuesta emergencia es, al menos en parte, obra suya
Mark
Si el Noveno Circuito no entró en el fondo, ¿por qué importa tanto esta decisión?
Mimi
Porque, aunque fue procesal, dos de los tres jueces dejaron ver su postura. Bennett, designado por Trump, escribió que habría fallado contra el Departamento de Justicia.
Mark
Eso es llamativo viendo quién lo nombró.
Mimi
Sí, y Sanchez, designado por Biden, coincidió en la decisión. La mayoría también dijo que parte de la urgencia la creó el propio Gobierno por demorarse.
Luke
Conviene separar lo decidido de lo opinado. Lo decidido es que el tribunal de apelaciones no podía actuar antes que el de distrito. Lo de Bennett sobre el fondo es una concurrencia, no un fallo.
Mark
¿Y qué se sabe de los 20.000 votantes?
Mimi
Que el Gobierno dice que probablemente no son ciudadanos. Pero Sanchez señaló vacíos en cómo se armó la lista, con referencias a terceros que Donnelly no pudo identificar.
Luke
Y ese es un punto clave: la lista es una afirmación del Gobierno, y el estado dice que sus datos están muy desactualizados. Nada en el reporte confirma cuántas de esas personas son en realidad no ciudadanas.
Mark
¿Qué argumenta Bumatay?
Mimi
Que el Gobierno federal puede intervenir para evitar que extranjeros voten. Es la tesis opuesta, y sigue abierta.
Luke
Y el martes hay audiencia en el tribunal de distrito. Lo que decida ese juez todavía no lo sabemos.
O Pulso
- Un tribunal de apelaciones de emergencia se reunió por videollamada en domingo para decidir sobre miles de boletas que ya están en circulación.
- El Gobierno federal sostiene que esos votos pertenecen a personas no ciudadanas, mientras California responde que las listas usadas son obsoletas y poco confiables.
- Dos jueces se negaron a intervenir antes del tribunal de distrito y dejaron entrever que la orden pedida chocaría con la autoridad electoral de los estados.
- El juez disidente defendió la facultad federal para frenar un posible ataque a la integridad electoral, y la disputa vuelve a un juzgado con audiencia prevista para el martes.
En una disputa que mezcla la ley electoral con la desconfianza entre niveles de gobierno, un tribunal federal de apelaciones decidió no adelantarse al juicio de primera instancia sobre una exigencia del Departamento de Justicia de apartar más de 20.000 votos por correo en California. La negativa se apoya en una cuestión de orden y competencia, pero deja a la vista la vieja tensión de las democracias federales sobre quién custodia el derecho al voto. Mientras la verificación de ciudadanía se mueve entre la sospecha y la prueba, el caso regresa a un juez que deberá resolver con prisa un asunto que toca a millones de electores.
El domingo, un panel de tres jueces del Noveno Circuito celebró por Zoom una audiencia de emergencia para decidir si ordenaba a California apartar más de 20.000 votos por correo. El lunes, el tribunal rechazó la apelación del Departamento de Justicia, que afirma que esas boletas pertenecen a personas que no son ciudadanas estadounidenses.
La demanda, presentada a principios de mes, forma parte del esfuerzo del Gobierno federal por influir en cómo los estados administran sus elecciones. Como el juez de distrito no resolvió antes de la audiencia del martes, el Departamento de Justicia recurrió directamente a la apelación.
La decisión fue procesal: los jueces Bennett y Sanchez concluyeron que el tribunal de apelaciones no podía pronunciarse antes que el tribunal de distrito. Aun así, dejaron ver su escepticismo. Bennett advirtió que la ley federal invocada no prevalece sobre la autoridad de los estados en materia electoral, y Sanchez alertó que la orden crearía confusión y caos en una elección ya en marcha. Cuestionaron también la lista de 20.000 votantes, cuyo origen no quedó claro y que, según California, está muy desactualizada.
El juez Bumatay discrepó y sostuvo que el Gobierno federal puede actuar para proteger la integridad electoral. El fiscal general de California, Rob Bonta, celebró la decisión como una defensa del derecho al voto. El caso ahora vuelve al tribunal de distrito, que deberá decidir el martes a las 4 p.m., hora de Miami.
El domingo, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. celebró por Zoom una audiencia de emergencia, algo poco habitual, para decidir si ordenaba a California apartar más de 20.000 votos por correo. El lunes, el tribunal rechazó la apelación de emergencia del Departamento de Justicia del Gobierno de Trump, que sostiene que esos votos pertenecen a personas que no son ciudadanas estadounidenses.
La demanda, presentada a principios de este mes, es parte del esfuerzo cada vez mayor del Gobierno federal por intervenir en la forma en que los estados administran sus elecciones. El Departamento de Justicia pidió impedir que los funcionarios californianos contaran los votos vinculados a personas que, según afirma, probablemente no son ciudadanas. Apeló al Noveno Circuito después de que el juez del tribunal de distrito no resolviera la semana pasada antes de la audiencia del martes.
La decisión del panel fue procesal. El juez Mark Bennett, designado por Trump, y el juez Gabriel Sanchez, designado por Biden, concluyeron que el tribunal de apelaciones no tenía autoridad para pronunciarse antes de que lo hiciera el tribunal de distrito. La mayoría añadió que la supuesta emergencia es, al menos en parte, obra del propio Gobierno, por su tardanza en presentar la demanda, en reconocer que la ley de California rige la emisión y el procesamiento de boletas, en entender que el estado tiene millones de votantes registrados y trabaja con un cronograma acorde con esa escala, y en explicar al tribunal la medida que pedía. El tercer juez, Patrick Bumatay, también designado por Trump, discrepó.
Aunque no resolvieron el fondo, Bennett y Sanchez dejaron claro su escepticismo. Bennett escribió en una opinión concurrente que, de haber tenido autoridad para decidir, habría fallado contra el Departamento de Justicia. Señaló que la ley federal invocada no prevalece sobre la autoridad principal de los estados en la administración electoral, y que la medida solicitada podría causar enormes dificultades y poner en riesgo el derecho al voto de personas habilitadas y todo el proceso de escrutinio. En la audiencia había preguntado al abogado del Departamento de Justicia, Matthew Donnelly, cómo podía el tribunal emitir una orden incompatible con la ley adoptada por la Legislatura de California conforme a la Cláusula Electoral.
Sanchez, en su propia concurrencia, advirtió que la orden transformaría las reglas de una elección ya en marcha, causaría confusión entre votantes y funcionarios, desviaría recursos y daría paso al caos electoral. El domingo había interrogado a Donnelly sobre cómo se elaboró la lista de 20.000 votantes. Las declaraciones juradas de dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional hablaban de “datos de terceros o análisis confiables de terceros”, y Donnelly dijo no saber qué terceros se utilizaron. Sanchez respondió que la fiabilidad de las afirmaciones del Gobierno depende de la fiabilidad de esa lista.
Donnelly explicó además que el Gobierno recibió una lista comprada originalmente a California, usada luego para identificar a presuntos no ciudadanos; California, como la mayoría de los estados, se había resistido a entregar su archivo de votantes sin tachaduras. Samuel Siegel, abogado del estado, sostuvo que esos datos estaban sumamente desactualizados. Sanchez preguntó cómo se esperaba que un tribunal de distrito resolviera en cuestión de horas con tantos hechos por aclarar.
Bumatay, en su disenso del lunes por la noche, argumentó que el Gobierno federal tiene facultad, tanto bajo la ley federal como bajo la Constitución, para frenar un posible ataque a la integridad electoral, y que nada de lo alegado por California le impide intervenir. En la audiencia había preguntado si verificar la ciudadanía de un votante era tan extraordinario; Siegel respondió que sí lo es en la forma en que lo pide el Gobierno federal. El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la orden de paso importante para proteger el derecho al voto y la autoridad del estado.
El caso vuelve ahora al Tribunal de Distrito de EE.UU. en California, con audiencia el martes a las 4 p.m., hora de Miami.
Citações Notáveis
California todavía puede —y, de hecho, debe— elaborar sus propios procedimientos para regular las elecciones al Congreso.— Juez Mark Bennett, opinión concurrente
La orden judicial solicitada transformaría las reglas electorales de California para una elección que ya está en marcha.— Juez Gabriel Sanchez, opinión concurrente
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