Tribunal boliviano ordena segunda prisión preventiva para Cerimedo por enriquecimiento ilícito

Un tribunal boliviano emitió el sábado una segunda orden de detención preventiva contra Fernando Cerimedo, el consultor político argentino que ya se encontraba en prisión por acusaciones de intento de femicidio. Esta vez, los cargos giran en torno al enriquecimiento ilícito, un delito que las autoridades bolivianas abrieron de oficio apenas horas después de su captura inicial.

El juez Douglas Borda presidió una audiencia virtual que se extendió durante aproximadamente seis horas antes de dictar su resolución. Ordenó que Cerimedo cumpla seis meses de detención preventiva en Chonchocoro, una prisión de máxima seguridad ubicada en el altiplano paceño. Lo que quedó sin aclaración fue cuál de los dos procesos —el de femicidio o el de enriquecimiento— tendría prioridad en caso de que se ordenara su traslado entre las dos cárceles donde ahora enfrenta cargos.

La defensa de Cerimedo, representada por el abogado Ernesto Giraldes, cuestionó la decisión inmediatamente. Giraldes sostuvo que la Fiscalía no logró demostrar de qué manera su cliente había perjudicado al Estado boliviano, y advirtió que trasladarlo de penal pondría su vida en riesgo. El equipo legal también presentó una objeción formal a la orden judicial.

Durante la audiencia, Cerimedo mismo rechazó los cargos de enriquecimiento ilícito, calificándolos como un caso sin fundamento que se basaba únicamente en publicaciones que su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller, había compartido en redes sociales. Afirmó categóricamente que no había recibido dinero alguno del Estado boliviano ni había extraído fondos del país. Por el contrario, argumentó que había invertido dinero propio en Bolivia. El dinero que las autoridades encontraron en su domicilio durante los allanamientos de la semana anterior, según su versión, estaba destinado a pagar el alquiler de oficinas y la compra de muebles para establecerse en el país con su familia.

Cerimedo también presentó información sobre sus ingresos, que dijo alcanzan aproximadamente un millón de dólares anuales, generados a través de empresas que dirige en Argentina, Chile y Estados Unidos. Sostuvo que estas ganancias superaban ampliamente la cantidad de dinero que había ingresado a Bolivia, lo que contradecía la acusación de enriquecimiento ilícito.

Los cargos contra Cerimedo se multiplicaron rápidamente. Además del caso de enriquecimiento ilícito y el de tentativa de femicidio, existe una tercera causa abierta por violencia familiar y doméstica, presuntamente cometida en julio contra Beller. El ataque armado contra Beller ocurrió el 17 de agosto, cuando se le acusa de haber contratado a sicarios para matarla.

Esta cascada de procesos judicales ha puesto en primer plano la relación de Cerimedo con el presidente boliviano Rodrigo Paz. Opositores políticos, incluyendo al expresidente Evo Morales, quien gobernó entre 2006 y 2019, y el vicepresidente Edmand Lara, han afirmado que Cerimedo fue asesor personal de Paz. En la audiencia, Cerimedo reconoció tener amistad con el presidente, pero insistió en que su trabajo fue meramente colaborativo, sin que jamás firmara un contrato ni ocupara un cargo oficial en el gobierno boliviano. Negó tener influencia sobre Paz o sus ministros. Sin embargo, Beller ha publicado en redes sociales lo que dice son capturas de pantalla que demostrarían que la relación entre Cerimedo y Paz se extendió más allá de los primeros meses de la administración actual.

Cerimedo tiene un historial de participación en política de alto nivel en la región. Fue parte de la estrategia de comunicación de Javier Milei durante la campaña presidencial argentina de 2023 que llevó al actual mandatario al poder. También fue investigado en Brasil en conexión con el intento de golpe de Estado de enero de 2023, y en 2021 fundó el portal de noticias La Derecha Diario. Ahora, mientras enfrenta múltiples procesos judicales en Bolivia, su red de conexiones políticas y su rol como operador en distintos países se ha convertido en parte central del escrutinio público.