Todo el poder para la derecha: el pacto PP-Vox y la renovación del Constitucional

Por primera vez desde que hay democracia en España, el principal partido de la derecha negocia con la extrema derecha antes de que los ciudadanos hayan votado. Lo hacen a plena luz, discutiendo provincia por provincia en cuáles conviene que uno de los dos se retire para no estorbar al otro. Así lo describe un artículo de opinión publicado en El País el 25 de octubre de 2026.

El autor señala que cabría esperar que dos formaciones que aspiran a gobernar juntas empezaran por pactar algo que cambie la vida de la gente, como una política de vivienda o una reforma fiscal. Sin embargo, el primer proyecto común que se proponen, sin que Feijóo se moleste en disimularlo, es lograr en el Senado la mayoría que les permita renovar el Tribunal Constitucional sin contar con nadie más. Para el autor, lo que cohesiona al bloque es la voluntad de hacerse con los contrapoderes, un patrón visto en democracias que derivaron hacia el iliberalismo. Añade que no hace falta exagerar ni invocar a Hungría para ver que el orden de prioridades es revelador.

La Constitución exige una mayoría de tres quintos para que las Cámaras propongan magistrados del Constitucional. La razón, que hoy puede parecer ingenua, es que la mayoría que aprueba las leyes no pueda elegir por sí sola a quienes tienen poder para anularlas. En diciembre del año pasado venció el mandato de cuatro magistrados cuya renovación corresponde al Senado: dos del sector progresista y dos del conservador. Lo habitual habría sido un acuerdo entre los dos grandes partidos sobre los cuatro nombres, de modo que el tribunal conservara su equilibrio.

El PP, según el autor, no habría cedido un solo puesto. Ha usado su mayoría en el Senado, una y otra vez, para ampliar el plazo de presentación de candidaturas, y hoy se entiende mejor por qué: si la derecha alcanza los tres quintos el 29 de noviembre, podrá nombrar a los cuatro.

El texto reconoce el argumento contrario, que la izquierda hizo algo parecido cuando el PSOE y el Frente Amplio registraron listas conjuntas al Senado. Admite que ambas operaciones responden a la misma aritmética, pero niega que sean equiparables en socios o en historia. En la candidatura de la izquierda no figuran Junts, ERC ni Bildu, a los que el autor describe como partidos más alejados del marco constitucional. Vox, en cambio, cuestiona el Estado autonómico, la legislación contra la violencia de género y la igualdad de las personas migrantes, y forma parte de Patriotas por Europa, la familia política que impulsó Orbán y cuyo modelo de gobierno consistió en neutralizar los contrapoderes. Vox llegó a proponer suprimir el Constitucional, y su relación con él ha sido, según el autor, la de quien lo usa como arma política y lo desprecia cuando no le da la razón.

Lo que está en juego, sostiene, no es tanto la mayoría del tribunal como que un mismo bloque concentre el Gobierno, las dos Cámaras, casi todo el poder territorial y el Constitucional. La preocupación no es que la izquierda pierda su mayoría allí, sino que desaparezca el último lugar donde una mayoría puede ser frenada.

El autor añade una condición: esa resistencia solo es legítima si no degenera en un bloqueo como el que el PP ha mantenido en esta legislatura. Por eso propone que la izquierda se comprometa desde ahora a negociar la renovación. Cuando un tribunal de garantías se convierte en trofeo electoral, concluye, da bastante igual quién lo gane: queda dañado aquello para lo que existe, poder decirle que no a quien te ha nombrado. Todo apunta al 29 de noviembre, cuando se verá si la derecha alcanza los tres quintos.