Sube la mortalidad infantil en Argentina en medio del desmantelamiento de la salud pública

El último dato oficial sobre mortalidad infantil en Argentina corresponde a 2024, el primer año del Gobierno de Javier Milei, y dice que murieron 8,5 niños por cada 1.000 nacidos vivos. En 2023 la tasa había sido de 8. La diferencia equivale a una suba del 6,25% y rompe una tendencia de descenso que, con pocas excepciones, venía sosteniéndose desde comienzos de siglo.

La serie histórica ayuda a medir el cambio. En 2001, el año en que estalló la crisis económica, la tasa era de 16,8 por cada 1.000. Desde 2002 fue bajando hasta llegar a 8 en 2023. Hubo tres excepciones: 2007, 2019 (con la crisis de deuda externa durante el Gobierno de Mauricio Macri) y 2022, en la pospandemia. El aumento de 2024 se repite en 15 de las 24 provincias, sobre todo en el noroeste y el noreste. En Corrientes, La Rioja y Santiago del Estero las subas fueron de entre el 10 y el 20%.

La Fundación Soberanía Sanitaria, organización sin fines de lucro integrada por trabajadores de la salud de todo el país, elaboró el último informe sobre el tema. Según ese documento, el Gobierno incorporó primero el dato a sus estadísticas oficiales, después lo retiró y finalmente lo dejó en la página del Ministerio de Salud. El informe indica que la gran mayoría de las muertes ocurrió en el período neonatal, los primeros 28 días de vida. La tasa neonatal pasó de 5,5 en 2023 a 6 en 2024. Este tipo de mortalidad se vincula con los controles durante el embarazo, la atención del parto y el cuidado del recién nacido, de modo que su aumento sugiere fallas en las políticas de cuidado perinatal.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, declaró a elDiario.es que hay que considerar múltiples causas, como la paz, el empleo, el agua potable y la contaminación ambiental. Aun así, sostuvo que 2024 fue el año del mayor recorte del Gobierno y que eso afectó el acceso a la atención en los sectores vulnerables. Recordó que en los países más avanzados la tasa ronda o baja de 2, frente al 8,5 argentino. Según Kreplak, la Nación dejó de proveer insumos como el surfactante pulmonar, vital para patologías respiratorias, y tratamientos para afecciones congénitas como la toxoplasmosis. Las provincias tuvieron que salir a comprarlos y ya los están proveyendo. "No se puede hablar de causalidad directa pero sí que haya impactado", dijo.

El Ejecutivo también cortó programas preventivos. Uno es Sueño Seguro, que entregaba moisés de piso a bebés prematuros o con condiciones crónicas para evitar la muerte súbita. Además, debilitó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, creado en 2008 y reducido a una mínima expresión administrativa con el argumento de que había bajado la natalidad. En abril de 2024, como informó elDiario.es, desmanteló el Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, considerado modélico en América Latina. Además buscó desfinanciar el Garrahan, el principal hospital pediátrico del país.

Fernando Zingman, pediatra, investigador de Fundar y excoordinador del Programa Nacional de Salud Integral en Adolescencia, cuestionó la lógica de achicar según el volumen: hay sistemas que deben mantenerse aunque baje la demanda, comparó, como una alarma que se instala por si entra una persona o cien. Advirtió que los resultados en salud pública no son unicausales ni lineales, pero que confluyen factores. Señaló que en un mismo año saltaron la mortalidad infantil y la materna, esta última 1,2 puntos. En 2021 se había logrado cero muertes maternas adolescentes por aborto; en 2024 hubo cuatro. Agregó que programas fueron traspasados a las provincias, que el intercambio con ellas perdió intensidad y que salud sexual y reproductiva recibe mucha menos inversión y compra de anticonceptivos.

Kreplak añadió que el Programa de Cardiopatías, federal, garantizaba equidad de tratamiento sin importar el lugar de residencia ni los recursos, y que entró en crisis, por ejemplo, por la salida de trabajadores cualificados del ámbito público. El informe de Soberanía Sanitaria agrega que la crisis económica, el empeoramiento laboral y el desempleo dificultan el acceso al sistema.

Zingman pide investigar qué ocurre. La pregunta pendiente es si el alza se confirma en 2025 y si las provincias logran sostener los insumos que la Nación dejó de garantizar.