En Colombia, la frontera entre seguridad y vigilancia llegó hasta la puerta de los hogares: la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que ningún residente puede ser obligado a entregar su rostro, sus huellas o su iris para entrar a su propia vivienda. La decisión, anclada en la Ley 1581 de 2012, reconoce que los datos biométricos son irreemplazables e irreversibles, y que su recolección forzada convierte la administración de un conjunto residencial en un agente de vigilancia sin mandato legítimo. Es un recordatorio de que la tecnología puede servir a la comunidad sin devorar la int
SIC prohíbe a administraciones exigir datos biométricos para entrar a conjuntos residenciales
Los residentes fueron obligados a entregar datos biométricos sin consentimiento informado, vulnerando su derecho a la privacidad e intimidad.