Feijóo se enroca con Vox y cierra la puerta a que ningún menor de Ceuta vaya a la Península

La crisis de Ceuta ha llegado a un punto de bloqueo político casi total. A mediados de septiembre, el Partido Popular cerró completamente la puerta a que ningún menor migrante sea trasladado a la Península, ni siquiera de forma temporal mientras se tramitan sus expedientes de repatriación. Esta posición, que alinea al PP con Vox en el rechazo frontal a los movimientos de menores, reduce drásticamente el margen de maniobra del Gobierno para resolver una situación que ha dejado casi mil niños sin acompañamiento viviendo en las calles de la ciudad autónoma.

La decisión es particularmente significativa porque Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta y miembro del PP, tiene la tutela legal de estos menores. Sin su firma, trasladar a cualquier niño a la Península es prácticamente imposible, a pesar de que el Gobierno ya ha aprobado 90 millones de euros para la operación y existen plazas disponibles en comunidades autónomas dispuestas a acogerlos. Hasta el momento, Vivas ha autorizado apenas cinco traslados, resultado de un acuerdo con Navarra. El Gobierno sostiene que el presidente ceutí está jugando al despiste en las negociaciones, aunque Vivas ha mantenido una postura ambigua, sin pronunciarse claramente sobre si se opone o no a los traslados.

El argumento que esgrimen los dirigentes del PP es que cualquier traslado, aunque fuera temporal, activaría un efecto llamada que provocaría nuevos intentos de entrada masiva a Ceuta. Los populares piden en cambio que el Gobierno envíe más recursos para acelerar los expedientes de retorno a Marruecos. El PP incluso votó a favor esta semana de una iniciativa de Vox que se opone explícitamente a la distribución de menores por el resto de España. La diputada popular Ana Alós argumentó que aceptar traslados validaría el uso de menores como arma de presión en las fronteras.

El Gobierno ha explorado la posibilidad de aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que contempla procedimientos especiales cuando un tercer país instrumentaliza la inmigración contra un Estado miembro. Sin embargo, demostrar que Marruecos orquestó deliberadamente el salto masivo del 30 y 31 de julio con intención de desestabilizar España es complejo. Además, aunque el pacto permite excepciones, mantiene las garantías básicas del derecho de asilo y protecciones específicas para menores, incluida la figura de un representante legal durante todo el proceso. El Ministerio de Infancia señala que estos requisitos han ralentizado, no acelerado, los trámites.

La posición del PP representa un giro notable. En 2025, Ceuta había enviado 700 menores a la Península sin objeción. Hace apenas semanas, Feijóo reclamaba el retorno de todos los migrantes, mayores y menores. Los presidentes autonómicos del PP incluso admitieron que cumplirían la ley y aceptarían a los menores que se les enviaran. Ahora el rechazo es tajante. El Gobierno cree que el PP está cerrando deliberadamente todas las puertas para prolongar una crisis que desgasta al Ejecutivo, aunque ese bloqueo perjudique directamente a los ceutíes que necesitan aliviar la presión en las calles.

Vivas ha respondido a las críticas del presidente Sánchez argumentando que la acogida de menores compete a Ceuta, pero que las competencias son compartidas porque la inscripción y entrega corresponden a la Administración General del Estado. Calificó de inaudito el modo en que Sánchez le apelaba públicamente. Los dirigentes del núcleo duro del PP defienden que Vivas está protegiendo a Ceuta al rechazar los traslados, asegurando que el presidente ceutí asume que tendrá que aguantar dos o tres meses más en esta situación.

Desde el Ministerio de Infancia, dirigido por Sira Rego de IU, advierten que el traslado temporal es la única salida viable. El ministerio ha propuesto acoger a 500 niñas, priorizando los perfiles más vulnerables, en entidades especializadas mientras Ceuta mantiene la tutela. Estos traslados permitirían continuar los expedientes independientemente de la ubicación, ya que la ley es idéntica en toda España. Sin embargo, están a la espera de la firma de Vivas. El Gobierno confía en que la presión sobre Ceuta eventualmente obligará al presidente a ceder, pero advierte que si no lo hace, el coste político y humanitario recaerá sobre él.

Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha paralizado cautelarmente el uso del puerto para acoger a inmigrantes, complicando aún más los planes del Ejecutivo. El Gobierno tiene que resolver esta medida cautelar en los próximos días. La situación permanece enquistada: casi dos mil personas llegaron a Ceuta en el salto masivo de finales de julio, y aunque muchas han sido repatriadas, la ciudad sigue bajo presión. Sin los traslados de menores que el Gobierno propone, esa presión podría mantenerse durante meses, mientras el PP mantiene su bloqueo político.