En un mercado de vivienda donde la opacidad ha sido norma, Seattle ha decidido que la transparencia debe ser ley. La ciudad ha prohibido los cargos ocultos en contratos de alquiler, obligando a propietarios e inmobiliarias a revelar todos los gastos desde el primer contacto con el inquilino. La medida no es solo una reforma administrativa: es un reconocimiento de que la información incompleta tiene un costo humano real, y que proteger a quienes buscan hogar es también proteger la dignidad del proceso.