Se duplicaron los reclamos por tasas abusivas de bancos y fintech en el primer semestre

Los reclamos contra bancos y plataformas de crédito digital se han duplicado en apenas seis meses. Durante el primer semestre de 2026, la subsecretaría de Defensa del Consumidor registró 200 denuncias relacionadas con tasas excesivas e información incompleta sobre préstamos, un salto del 92% respecto al mismo período del año anterior. Los números revelan una crisis silenciosa de endeudamiento que ha llegado a la agenda política del Gobierno, visible no solo en las conversaciones con instituciones financieras sino también en las movilizaciones que organizaciones como la CGT preparan para presionar al Ministerio de Economía.

Las denuncias se concentran en tres problemas recurrentes: tasas de interés que alcanzan niveles insostenibles, acoso a deudores y falta de transparencia en la información. Los reclamos por tasas excesivas crecieron 394% en términos interanuales, mientras que las quejas por hostigamiento y maltrato a usuarios aumentaron 360%, y las relacionadas con información deficiente subieron 131%. Entre las prácticas más comunes que denuncian los consumidores está la omisión deliberada de la tasa de interés o el Costo Financiero Total al momento de contratar, la entrega de información confusa o incompleta, y la falta de documentación escrita con las condiciones financieras.

Los números que circulan en el sector financiero son alarmantes. Un préstamo personal en un banco puede llegar hoy a una Tasa Nominal Anual del 142%, con un costo financiero total efectivo anual de hasta 400%. Mercado Pago, la principal plataforma de pagos del país, ofrece créditos personales con tasas nominales anuales que van del 48% al 249%, pero el costo financiero total alcanza hasta 1.375%. Estos números no son abstracciones: afectan directamente a casi 6 millones de personas que hoy están en situación de morosidad, un problema que se agravó después de la expansión del crédito en 2024 y 2025, cuando las tasas bajaron más lentamente que la inflación.

La compañía detrás de Mercado Pago argumenta que sus tasas responden a un sistema de evaluación de riesgo que analiza más de 3.000 variables. Según sus voceros, ofrecen líneas iniciales mínimas desde $5.800 con tasas que reflejan el riesgo de clientes desconocidos, pero cuando el usuario demuestra un comportamiento de pago saludable, las condiciones mejoran automáticamente: el límite se amplía y la tasa baja. Sin embargo, esta explicación no calma el malestar de quienes quedan atrapados en ciclos de endeudamiento con tasas que superan el 1.000% de costo financiero total.

El Gobierno reconoce el problema pero mantiene una postura de no intervención. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue consultado hace poco sobre el costo del endeudamiento y admitió que tasas del 700% y 400% son claramente abusivas. Pero luego aclaró que "hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo", descartando cualquier regulación oficial. Esta posición es coherente con la política de desregulación que implementó la gestión de Javier Milei: eliminó las tasas pasivas mínimas para plazos fijos, la obligación de tasas mínimas de precancelación en plazos fijos UVA, y las tasas máximas para préstamos a pequeñas y medianas empresas, al agro y a tarjetas de crédito. En los préstamos personales, el equipo económico sostiene que las tasas son "libres" desde antes de su llegada al poder.

Mientras el Gobierno busca flexibilizar los créditos en dólares para empresas con el objetivo de reanimar la actividad económica antes de las elecciones, el crédito en pesos al consumo sigue contrayéndose. Todos los meses de 2026 registraron contracciones reales en tarjetas de crédito y préstamos personales, según datos del Centro de Economía Política Argentina. En junio, la morosidad alcanzó el 17,5%, un aumento de 10,5 puntos porcentuales respecto al año anterior. Los bancos, por su parte, tratan de neutralizar más de 30 proyectos legislativos que circulan en el Congreso para regularlos. Evalúan seguir el modelo implementado en la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno acompañó una Ley de Desendeudamiento que permite a los bancos refinanciar deudas con una tasa fija máxima del 35% nominal anual y un plazo mínimo de 24 meses, a cambio de beneficios impositivos. Las fintech, por su lado, exigen mayor disponibilidad de información para reducir riesgos y una reducción de la carga impositiva, mientras aseguran que solo el 8% del crédito en mora corresponde a su sector, frente al 74% de los bancos.