Rocha Moya abandona nuevamente Sinaloa tras presión de Sheinbaum y Morena

Rubén Rocha Moya regresó al Palacio de Gobierno de Sinaloa el viernes por la mañana, después de tres meses de ausencia forzada. Para el sábado por la tarde, se había ido de nuevo. Su intento de retomar el cargo duró poco más de treinta horas, un episodio que expone las fracturas internas del partido gobernante y la autoridad que Claudia Sheinbaum ejerce sobre sus propios cuadros, incluso cuando éstos ocupan cargos de elección popular.

Rocha, miembro de Morena, enfrenta acusaciones graves de la justicia estadounidense. El Departamento de Justicia lo señala de conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para exportar narcóticos hacia Estados Unidos a cambio de sobornos. Diez funcionarios en total, incluyendo antiguos integrantes de su administración, comparten estas imputaciones. La ausencia de tres meses que precedió a su breve regreso fue consecuencia directa de estos señalamientos internacionales.

Lo que sucedió entre el viernes y el sábado revela cómo funciona el poder dentro de Morena cuando la línea del partido se ve amenazada. Legisladores, gobernadores y otros cuadros del movimiento salieron públicamente a criticar la vuelta de Rocha. Sheinbaum, su compañera de partido, fue más directa aún. En un mensaje publicado el sábado por la mañana, escribió: "El poder sin principios se vuelve arrogancia". No era una crítica velada. Era un llamado al orden.

Rocha respondió con una carta dirigida a la Comisión Permanente del Congreso local, solicitando licencia temporal indefinida por más de treinta días. Acompañó el documento con un mensaje en redes sociales: "Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo". La frase parecía una respuesta directa a Sheinbaum, una forma de ceder sin admitir derrota.

Lo que hace este episodio particularmente revelador es que Rocha aparentemente tomó la decisión de regresar sin consultar con Palacio Nacional. Aguantó el desdén de sus pares durante un día y medio, pero cedió ante la presión presidencial. Su regreso amenazaba la narrativa del Gobierno federal, que ha criticado las motivaciones políticas de Washington en sus acciones recientes, mientras mantiene que México debe esperar a que sus propias agencias investigativas certifiquen o rechacen las acusaciones.

Dos eventos recientes iluminan el contexto de esta crisis. La Fiscalía General de la República anunció esta semana la detención de Fausto Corrales, acusado de participar en el secuestro del narcotraficante Ismael Mayo Zambada en Culiacán en julio de 2024. Corrales también enfrenta cargos por encubrimiento del asesinato de Héctor Cuen, rival político de Rocha. Según el relato de Zambada, acudió a una reunión en Culiacán para mediar entre Cuen y Rocha, pero fue una trampa. Cuen fue asesinado ese día. Rocha siempre ha negado haber asistido.

El segundo evento es la desaparición de Gerardo Mérida, quien fue secretario de Seguridad durante la administración Rocha y es uno de los acusados por Estados Unidos. Mérida se entregó a las autoridades estadounidenses en mayo y permaneció en custodia en Nueva York hasta esta semana, cuando dejó de aparecer en los registros penitenciarios. Ahora negocia con la justicia, proporcionando información a los fiscales. La coincidencia de estas detenciones y cambios de estatus con el regreso de Rocha elevó la tensión política a niveles extraordinarios.

Sheinbaum anunció que abordaría el tema el lunes, aunque cuando habló con la prensa el sábado, Rocha aún seguía siendo gobernador. Por ahora, las réplicas del terremoto político parecen haber cesado. Pero las placas tectónicas continúan moviéndose. Estados Unidos celebra elecciones en noviembre, y en México se asume que la campaña de Donald Trump y los republicanos incluye presionar al vecino del sur en materia de seguridad.