En Varsovia, el choque entre el gobierno de Donald Tusk y el bloque nacionalista que dejó el poder hace poco se ha trasladado a las puertas de su máximo tribunal. Lo que está en juego no es solo la suerte de dos magistrados, sino una pregunta que Polonia arrastra desde 2015: quién debe custodiar la legalidad cuando la propia legalidad ha sido disputada. Mientras el país se acerca a unas elecciones parlamentarias, la fractura entre quienes quieren reparar la justicia y quienes la defienden tal como fue reconfigurada revela cuán frágil puede ser un Estado cuando sus instituciones se convierten e
Polonia despliega antidisturbios en el Tribunal Constitucional en pleno choque entre Tusk y la oposición
Un presidente dio media vuelta en pleno vuelo hacia África
Mark
Un presidente que da la vuelta en pleno vuelo es una imagen fuerte. ¿Qué la explica?
Mimi
Que el gobierno pidió quitar la inmunidad al presidente y al vicepresidente del Tribunal Constitucional para procesarlos. Con antidisturbios ante el edificio y cientos de manifestantes, Nawrocki regresó de su viaje a Senegal.
Mark
¿Por qué quiere procesarlos el gobierno?
Mimi
El ministro Żurek dice que impidieron que ciertos jueces dictaran sentencia. Son jueces elegidos por el Parlamento que Nawrocki se niega a juramentar.
Luke
Eso es lo que sostiene el ministro. El texto no recoge todavía una decisión sobre la inmunidad ni una acusación formal; hablamos de una solicitud.
Mark
El tribunal habla de golpe de Estado. ¿Pesa esa expresión?
Luke
Es la calificación del propio tribunal, parte interesada. No es una conclusión verificada por un tercero.
Mimi
Aun así, los tribunales europeos sí dictaminaron que tres jueces fueron elegidos indebidamente, y eso es lo que el gobierno usa como base.
Mark
¿Y los críticos?
Mimi
Matczak, que desprecia la gestión de Święczkowski, dice que la suspensión no tiene base legal. Es un crítico del PiS cuestionando el método.
Luke
Y la lectura electoral, que Tusk busca votos antes de las elecciones del próximo año, es lo que ven algunos; no hay evidencia de su intención en lo publicado.
Mark
¿Qué sigue?
Mimi
Ver si prospera el levantamiento de inmunidad y cómo responde Nawrocki.
El Pulso
- El gobierno pide retirar la inmunidad al presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional para procesarlos penalmente, en un movimiento que sacude el corazón institucional del país.
- La policía antidisturbios rodea el edificio mientras cientos de manifestantes intentan entrar, y el ambiente se vuelve espeso de desconfianza y consigna.
- El presidente Nawrocki interrumpe su viaje a Dakar y regresa a Varsovia para ingresar al tribunal, convirtiendo la crisis en un duelo directo entre poderes.
- El tribunal responde que sus magistrados siguen siendo legítimos y acusa de golpe de Estado a quienes participen en la maniobra, mientras Tusk insiste en que no hay alternativa a medidas decisivas.
- El desenlace queda suspendido: la petición de retirar la inmunidad aún debe prosperar y el pulso entre gobierno y presidencia se juega a meses de las urnas.
En Varsovia, el choque entre el gobierno de Donald Tusk y el bloque nacionalista que dejó el poder hace poco se ha trasladado a las puertas de su máximo tribunal. Lo que está en juego no es solo la suerte de dos magistrados, sino una pregunta que Polonia arrastra desde 2015: quién debe custodiar la legalidad cuando la propia legalidad ha sido disputada. Mientras el país se acerca a unas elecciones parlamentarias, la fractura entre quienes quieren reparar la justicia y quienes la defienden tal como fue reconfigurada revela cuán frágil puede ser un Estado cuando sus instituciones se convierten en botín político.
El presidente polaco, Karol Nawrocki, viajaba rumbo a Dakar para los Juegos Olímpicos de la Juventud cuando la crisis judicial le obligó a dar media vuelta. Según su jefe de gabinete, entró en la sede del Tribunal Constitucional en las primeras horas de este sábado, mientras la policía antidisturbios vigilaba el edificio para contener a cientos de manifestantes.
El detonante fue la declaración del ministro de Justicia, Waldemar Żurek, quien confirmó que el gobierno había pedido retirar la inmunidad al presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, para procesarlos penalmente por no permitir que ciertos jueces dictaran sentencia. Ambos fueron designados en un proceso controvertido durante la era del partido Ley y Justicia (PiS), que hoy respalda a Nawrocki.
Las raíces del conflicto se remontan a 2015, cuando el PiS nombró rápidamente jueces para obtener mayoría en un tribunal que decide sobre la legalidad de las leyes. Tribunales europeos concluyeron después que varias de esas designaciones fueron indebidas y que el órgano dejó de ser independiente. Tusk, que llegó al poder en 2023 prometiendo restablecer el estado de derecho, no ha logrado revertir esos cambios, frenado por vetos presidenciales y por la negativa de Nawrocki a juramentar a cinco jueces elegidos por el Parlamento.
El tribunal calificó la maniobra de golpe de Estado, mientras Tusk aseguró que restablecer el estado de derecho es un deber, aunque doloroso. Entre sus propios partidarios hay quienes creen que actuó con poca decisión, y otros que ven en la jugada un cálculo electoral de cara a los comicios del próximo año. La pregunta que queda abierta es si la petición prosperará y cómo se resolverá un pulso que pone a prueba la capacidad de reformar la justicia sin bloqueos desde la presidencia.
El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, viajaba de Europa a África cuando tuvo que dar media vuelta. Se dirigía a Dakar, en Senegal, para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano, pero la crisis desatada en torno al Poder Judicial lo obligó a regresar a Varsovia. Según su jefe de gabinete, entró en la sede del Tribunal Constitucional en las primeras horas de este sábado.
La policía antidisturbios había sido desplegada en la madrugada frente al edificio, con la misión de impedir que cientos de manifestantes accedieran a él. La tensión venía creciendo entre el gobierno y los jueces superiores del tribunal, respaldados por la oposición. El detonante fue que el ministro de Justicia, Waldemar Żurek, declaró que había pedido retirar la inmunidad judicial al presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y al vicepresidente, Bartłomiej Sochański, para poder presentar cargos penales contra ellos. Según Żurek, ambos deberían responder por no permitir que ciertos jueces dictaran sentencia.
La disputa enfrenta al gobierno de centroderecha proeuropea del primer ministro Donald Tusk con el partido nacionalista de derecha Ley y Justicia (PiS), que gobernó antes y apoya a Nawrocki. Los dos magistrados fueron designados por el PiS en un proceso controvertido. El viernes, mientras simpatizantes del PiS se reunían frente a los tribunales de Varsovia para protestar, Tusk defendió la medida.
El Tribunal Constitucional respondió en redes sociales que los dos jueces siguen siendo magistrados superiores, legalmente designados. Su comunicado añadía que todas las personas que participen en estas acciones están cometiendo el delito de golpe de Estado. Tusk, también en redes, escribió que restablecer el estado de derecho es un deber; habló de un proceso difícil, a veces doloroso, que exige medidas decisivas, y dijo que no hay otra alternativa.
Las raíces del conflicto están en 2015. El gobierno del PiS asumió ese año y nombró rápidamente jueces en el tribunal para lograr una mayoría, dado que el organismo decide sobre la legalidad de las leyes. Más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminaron que la mayoría del PiS había elegido indebidamente a tres jueces, porque ocuparon puestos ya cubiertos válidamente por el parlamento anterior. Esos tribunales concluyeron que el Constitucional polaco ya no era un tribunal independiente e imparcial, y el gobierno de Tusk se ha apoyado en esos fallos para dejar de publicar sus sentencias.
Tusk, que asumió en 2023 con la promesa de restablecer el estado de derecho y reformar la justicia, no ha logrado revertir los cambios de la era PiS. Nawrocki, en el poder desde agosto de 2025, y su predecesor Andrzej Duda, también respaldado por el PiS, usaron sus vetos para frenar esos intentos. Además, Nawrocki se ha negado a tomar juramento a cinco jueces elegidos por el Parlamento desde marzo, alegando irregularidades en su selección. Una de ellos, Anna Korwin-Piotrowska, ha sido designada para dirigir el tribunal de forma interina. A principios de este mes, la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa en materia constitucional, afirmó que Nawrocki debería juramentar a esos jueces para que ocuparan sus puestos.
La maniobra del gobierno también tiene críticos. Algunos partidarios de Tusk lo acusan de no haber actuado con suficiente decisión, y hay quien ve la jugada como un intento de ganar popularidad entre esos votantes, con elecciones parlamentarias previstas para el próximo año. En septiembre, Tusk propuso como candidato a juez a Maciej Berek, abogado y exministro de su gabinete, lo que fue criticado. El abogado Marcin Matczak, crítico de la reforma judicial del PiS, que considera a Święczkowski el peor presidente que ha tenido el tribunal, sostuvo que su suspensión carece de fundamento legal "por un millón de razones". Escribió que lo ocurrido en el tribunal deja sin efecto este caso y la cuestión del estado de derecho durante dos décadas.
Queda por ver si la petición de retirar la inmunidad prospera y cómo se resolverá el pulso institucional entre gobierno y presidencia a pocos meses de las urnas.
Citas Notables
Restablecer el estado de derecho es nuestro deber... No hay otra alternativa.— Donald Tusk, primer ministro de Polonia
Todas las personas que participen en estas acciones están cometiendo el delito de golpe de Estado.— Tribunal Constitucional de Polonia
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