Policía y Guardia Civil alertaron una semana antes de la crisis migratoria en Ceuta

Desde principios de julio, los agentes desplegados en Ceuta estaban viendo algo que sus superiores no parecían ver. A partir del 8 de julio, la Policía Nacional y la Guardia Civil detectaron un flujo creciente de mensajes en redes sociales que animaban a migrantes a cruzar la frontera. El gancho era una sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre nadadores. Pero lo que realmente alertó a los uniformados fue lo que escuchaban directamente de quienes llegaban: muchos reconocían que habían sido engañados, que les habían prometido quedarse en España cuando en realidad estaban siendo utilizados en operaciones organizadas. «Vienen miles más», llegó a decir uno de estos hombres a los guardias civiles. Era una advertencia que pronto se haría realidad.

La primera alerta formal llegó a la Delegación del Gobierno durante la semana del 20 de julio. Los agentes de seguridad expusieron en sus reuniones que se estaban organizando marchas coordinadas hacia la frontera, que la presión migratoria estaba creciendo de manera anómala. Las asociaciones de guardias civiles también hicieron públicas sus preocupaciones, pidiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que modificara la ley o tomara medidas para contener lo que describían como un «goteo constante» de entradas. Nada sucedió. Una semana después, el 27 de julio, volvieron a avisar. Para entonces, la situación era ya insostenible. Marruecos estaba logrando frenar cientos de intentos de cruce diarios, pero el peligro en la frontera era evidente. Tampoco se implementaron medidas.

Lo que ocurrió después confirmó los peores temores de quienes llevaban semanas alertando. La crisis migratoria que estalló en Ceuta fue masiva, desorganizada y humanitariamente compleja. Los agentes que ahora están desplegados en la ciudad autónoma bajo la «Operación Almocaden» viven con una frustración particular: creen que esto se podría haber evitado. Su malestar no viene de las condiciones de vida, ni de las dietas, ni de la carga de trabajo. Viene de la convicción de que sus advertencias fueron ignoradas. «Su dolor es nuestro dolor», lamenta uno de los agentes que lleva varias semanas en la zona, refiriéndose al sufrimiento de los habitantes de Ceuta.

La credibilidad de la Delegación del Gobierno, dirigida por Miguel Ángel Pérez Triano, ha quedado gravemente cuestionada por lo que sucedió después. En un comunicado de prensa, la delegación desacreditó información proporcionada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, una situación sin precedentes en la democracia española: un delegado del Gobierno del mismo partido político plantando cara públicamente a un ministro. Luego, cuando se informó de que habría un traslado masivo de migrantes a la antigua fábrica de harinas de la ciudad, la delegación lo tachó de información falsa. Horas después, el Boletín Oficial del Estado publicó que esa instalación sería cedida para exactamente ese propósito.

Lo que permanece sin respuesta es si la Delegación del Gobierno elevó al Ministerio del Interior la realidad de la situación en Ceuta. Las fuentes policiales consultadas desconocen si eso ocurrió. También ignoran si hubo advertencias previas del CNI, algo que escapa a sus competencias. Lo que sí está claro es que durante dos semanas cruciales de julio, los uniformados en la frontera vieron venir la tormenta y lo dijeron. El sistema no respondió. Y ahora, mientras miles de migrantes permanecen en la ciudad autónoma, muchos de ellos víctimas de engaños y falsas promesas, los agentes desplegados cargan con las consecuencias de una crisis que, según sus propios testimonios, pudo haberse prevenido.