Petro y sus polémicas declaraciones sobre Perú: del golpe de Castillo a la moción de persona non grata

A mediados de febrero, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó una moción para declarar persona non grata al presidente colombiano Gustavo Petro, marcando el punto más álgido en una serie de intervenciones diplomáticas que han tensionado las relaciones entre ambos países desde el golpe de Estado fallido de Pedro Castillo en diciembre pasado.

La decisión del Congreso respondió a las declaraciones más recientes de Petro, quien comparó la actuación de las fuerzas del orden peruanas con nazis al reprimir las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. En esa misma intervención, el mandatario colombiano cuestionó la detención de Castillo sin sentencia judicial condenatoria, argumentando que se violaba la Convención Americana de Derechos Humanos. La moción congresional rechazó estas afirmaciones como ofensas tanto a la Policía Nacional del Perú como al pueblo judío, al considerar que la comparación con el nazismo banalizaba el holocausto. Además, exhortó a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores a tomar medidas para impedir que Petro ingrese al territorio nacional.

Pero esta no fue la primera vez que el Congreso peruano respondía a las críticas del presidente colombiano. Ya en diciembre, el pleno había aprobado una moción contra lo que calificó como actos inaceptables de intromisión de Petro y del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en los asuntos internos del Perú. Las intervenciones de Petro comenzaron el 8 de diciembre, apenas un día después de que Castillo intentara disolver el Congreso en lo que fue catalogado como un golpe de Estado inconstitucional.

En sus primeras declaraciones, Petro buscó justificar la decisión de Castillo, argumentando que el expresidente había sido acorralado por el Parlamento desde su llegada al poder. A través de redes sociales, Petro señaló que Castillo, siendo profesor de la sierra y presidente elegido por voto popular, no logró movilizar al pueblo que lo eligió y se dejó llevar a un suicidio político y democrático. En su interpretación, la disolución del Congreso fue equivocada pero constitucional, desconociendo el artículo 134 de la Constitución peruana, que establece que el presidente solo puede disolver el Parlamento si este ha censurado o negado confianza a dos Consejos de Ministros consecutivos, algo que no ocurrió en el caso de Castillo.

Durante las semanas siguientes, Petro continuó cuestionando la situación legal del expresidente peruano. El 28 de diciembre, volvió a referirse al caso, ignorando los múltiples delitos de los que Castillo es investigado: rebelión, abuso de autoridad, perturbación de la tranquilidad pública, además de la reorganización inconstitucional de varios poderes del Estado. Castillo permanecía en prisión preventiva por dieciocho meses mientras la fiscalía avanzaba en sus investigaciones. Sin embargo, Petro insistió en que el artículo 23 de la Convención Americana garantiza el derecho a ser elegido y que para privarlo se requiere sentencia de un juez penal, algo que aún no existía.

En enero, durante una cumbre de la CELAC en Buenos Aires, Petro reiteró sus cuestionamientos. Preguntó públicamente por qué un presidente elegido popularmente estaba preso sin sentencia judicial en su contra, argumentando que esto representaba una ruptura del sistema interamericano de derechos humanos. Insistió en que debía abrirse el diálogo y que la Convención Americana debería respetarse. En respuesta, la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi aclaró que Castillo había perpetrado un golpe de Estado en un contexto de investigaciones en su contra por presunta corrupción, y negó que el gobierno hubiera ordenado a la policía actuar con violencia contra los manifestantes.

En una entrevista posterior con una revista colombiana, Petro llevó su narrativa más allá, sugiriendo que Castillo fue destituido principalmente porque era de la sierra, pobre y había sido elegido por esa región. Describió una fractura social histórica en Perú entre Lima y la sierra, con procesos políticos muy diferentes. Desconoció las investigaciones del Ministerio Público contra Castillo por presunta organización criminal y corrupción que involucraba a familiares, exministros y exasesores. Petro enfatizó que Castillo no estaba procesado por corrupción sino por rebelión, y expresó su preocupación por los diez muertos que había dejado la represión de las protestas, cuestionando cómo un presidente elegido popularmente podía estar preso sin condena judicial mientras su propia escolta lo había capturado.

Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Perú permanecen abiertas, con la posibilidad de que la declaración formal de persona non grata escale aún más los conflictos entre ambas naciones.