Cinco días después de entregar el poder, Gustavo Petro solicitó al Senado colombiano autorización constitucional para ausentarse del país durante un año entero, invocando compromisos personales, políticos y académicos en el exterior. La petición, que la Constitución exige a todo expresidente reciente como mecanismo de rendición de cuentas, llega en un momento en que Colombia aún contabiliza los muertos de un terremoto devastador y en que el nuevo gobierno promete judicializar al saliente. Entre las restricciones internacionales que pesan sobre Petro y la maquinaria política que históricamente
Petro solicita autorización al Senado para abandonar Colombia durante un año
El terremoto de magnitud 7,4 que precedió esta solicitud dejó más de 200 víctimas en el occidente de Colombia.
El Senado no puede permitir su salida sin que responda por los escándalos
Mark
¿Por qué un expresidente que acaba de asumir el liderazgo de la oposición querría irse del país durante un año completo?
Mimi
Es la pregunta que todos se hacen. Formalmente dice que tiene compromisos académicos, políticos y sociales en el exterior. Pero el timing es extraño: justo cuando su bancada es la más grande del Congreso y Colombia atraviesa una crisis con el terremoto.
Mark
¿Hay algo más detrás de esta solicitud?
Mimi
Probablemente. Petro enfrenta acusaciones de corrupción y está bajo presión del nuevo gobierno, que promete investigarlo. Pero aquí está lo irónico: aunque pida permiso para viajar, en realidad tiene dificultades prácticas para hacerlo. Estados Unidos lo incluyó en una lista de sanciones y le canceló la visa.
Mark
Entonces, ¿por qué molestarse en pedir autorización si no puede viajar fácilmente de todas formas?
Mimi
Tal vez sea un movimiento político. Obtener la autorización le da legitimidad legal, incluso si no la usa. O quizás espera que las circunstancias cambien. Lo que es claro es que el Senado tendrá que decidir si lo permite, y esa decisión será política.
Mark
¿Qué tan probable es que el Senado le niegue el permiso?
Mimi
Sus opositores ya están presionando para que lo rechacen. Pero Petro tiene la bancada más grande del Congreso. La votación será cerrada y revelará mucho sobre las alianzas políticas actuales en Colombia.
Mark
¿Qué sucede si el Senado dice que no?
Mimi
Entonces Petro no puede salir legalmente del país durante ese año. Violaría la Constitución. Pero también significaría que permanece en Colombia enfrentando las investigaciones que el nuevo presidente ha prometido iniciar.
The Pulse
- Petro pidió permiso para salir del país apenas una semana después de dejar la presidencia, una velocidad que sus adversarios interpretan como una huida antes de rendir cuentas.
- Andrés Pastrana y otros críticos exigen que el Senado bloquee la autorización hasta que el expresidente responda por acusaciones de corrupción electoral y vínculos con el narcotráfico.
- La solicitud choca con una paradoja práctica: Petro figura en la lista OFAC del Tesoro estadounidense y no tiene visa norteamericana, lo que limita severamente sus posibilidades reales de viajar.
- El presidente De la Espriella prometió en campaña encarcelar a Petro y ya anuncia documentación de un supuesto entramado de corrupción, aunque el órgano encargado de juzgar expresidentes tiene fama de no condenar a nadie.
- El debate en el Senado fue postergado por el terremoto de magnitud 7,4 que dejó más de 200 víctimas en el occidente del país, añadiendo una capa de urgencia humanitaria al drama político.
Cinco días después de entregar el poder, Gustavo Petro solicitó al Senado colombiano autorización constitucional para ausentarse del país durante un año entero, invocando compromisos personales, políticos y académicos en el exterior. La petición, que la Constitución exige a todo expresidente reciente como mecanismo de rendición de cuentas, llega en un momento en que Colombia aún contabiliza los muertos de un terremoto devastador y en que el nuevo gobierno promete judicializar al saliente. Entre las restricciones internacionales que pesan sobre Petro y la maquinaria política que históricamente ha blindado a los expresidentes colombianos, la solicitud revela la tensión irresuelta entre el poder que se va y el poder que llega.
Cinco días después de dejar la presidencia, Gustavo Petro envió una carta al Senado colombiano pidiendo autorización para salir del país durante todo el próximo año, alegando compromisos personales, sociales, políticos y académicos en el exterior. La Constitución colombiana impone este requisito a los expresidentes recientes como garantía de que permanezcan disponibles para responder por sus actos de gobierno.
La solicitud llegó en medio de una doble crisis. Por un lado, Petro acaba de asumir el liderazgo de la oposición al frente del Pacto Histórico, la bancada más grande del Congreso. Por otro, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente del país días antes, dejando más de 200 víctimas y obligando al presidente del Senado, Honorio Henríquez, a cancelar la sesión plenaria del martes en que se esperaba votar la petición.
Las críticas fueron inmediatas. El expresidente Andrés Pastrana exigió en redes sociales que el Senado negara el permiso hasta que Petro respondiera por escándalos de corrupción y vínculos familiares con el narcotráfico. El exmagistrado Luis Fernando Álvarez recordó que la restricción constitucional existe precisamente para mantener vigilancia especial sobre quienes acaban de ejercer el poder.
Lo que hace aún más llamativa la solicitud es que Petro enfrenta obstáculos concretos para viajar: figura en la lista OFAC del Tesoro estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico, Washington le canceló la visa tras su participación en una protesta propalestina frente a la ONU, y un intento de viajar a la capital estadounidense en su última semana de gobierno nunca se concretó. Posee pasaporte italiano que le abre el espacio Schengen, pero su movilidad internacional está severamente restringida.
El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, ganó prometiendo encarcelar a Petro y ya anuncia que documentará un supuesto entramado de corrupción para presentarlo ante la justicia colombiana e internacional. Sin embargo, los expedientes contra el expresidente recaen en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, un órgano de 17 congresistas conocido informalmente como la Comisión de Absoluciones, cuya naturaleza política hace casi imposible que un proceso contra un expresidente prospere. El nuevo oficialismo, además, carece de las mayorías necesarias para cambiar esa ecuación.
Cinco días después de dejar la presidencia, Gustavo Petro envió una carta al Senado colombiano solicitando permiso para abandonar el país durante todo el próximo año. En el documento fechado el 10 de agosto, el expresidente argumentó que necesitaba atender compromisos de carácter personal, social, político y académico en el exterior. La Constitución colombiana exige esta autorización legislativa para cualquier presidente que haya dejado el cargo, una salvaguarda diseñada para garantizar que los mandatarios recientes permanezcan disponibles para responder por sus acciones en el ejercicio del poder.
La solicitud llega en un momento de turbulencia política y personal para Petro. Hace apenas una semana asumió el liderazgo de la oposición como cabeza del Pacto Histórico, la bancada más numerosa del Congreso. Simultáneamente, Colombia enfrenta una crisis humanitaria: un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente del país en la madrugada del lunes anterior, dejando más de 200 víctimas. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, canceló la sesión plenaria prevista para el martes debido al desastre, aunque se esperaba que el cuerpo se reuniera el miércoles para debatir y votar la solicitud de Petro.
La petición ha desatado críticas inmediatas de sus adversarios políticos. Andrés Pastrana, expresidente conservador cuyo mandato terminó en 2002, escribió en redes sociales que el Senado no debería permitir que Petro saliera del país sin antes responder por lo que denominó escándalos electorales y corrupción de su gobierno, su familia y su administración. Luis Fernando Álvarez, exmagistrado de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, explicó que la restricción constitucional existe precisamente para mantener vigilancia especial sobre quienes acaban de ejercer la presidencia, asegurando que rindan cuentas por sus actos.
Lo paradójico de la solicitud es que Petro enfrenta obstáculos prácticos significativos para viajar, lo que hace cuestionable por qué buscaría formalmente esta autorización. En 2025, el Tesoro estadounidense lo incluyó en la lista OFAC, acusándolo de vínculos con el narcotráfico, una designación que complica la compra de pasajes aéreos en muchas aerolíneas internacionales. Además, Washington le canceló su visa norteamericana el año anterior después de que participara en una protesta propalestina frente a Naciones Unidas en Nueva York, donde tomó el micrófono para instar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes del presidente Donald Trump sobre Israel. Petro posee pasaporte italiano que le permitiría circular por el espacio Schengen, pero incluso intentó viajar a Washington en su última semana de gobierno para solicitar personalmente su retiro de la lista OFAC, un viaje que finalmente no se concretó.
El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, ganó las elecciones prometiendo encarcelar a Petro y ha declarado su disposición a extraditarlo si algún tribunal internacional lo demanda. En su primer discurso tras asumir el cargo, De la Espriella afirmó que su equipo ya ha comenzado a documentar lo que describió como un vasto entramado de corrupción dejado por la administración anterior, y que presentará toda la información ante autoridades judiciales y organismos de control, además de recurrir a la justicia de otros estados y mecanismos de cooperación internacional. Sin embargo, la realidad política colombiana presenta obstáculos sustanciales para estas intenciones. Petro fue acusado durante su presidencia de corrupción, participación indebida en política y traición a la patria, pero estos expedientes son tramitados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un órgano de 17 congresistas conocido informalmente como la Comisión de Absoluciones porque su naturaleza política hace que casi ningún proceso contra expresidentes prospere. Incluso con el cambio de gobierno hacia la derecha, el nuevo oficialismo carece de las mayorías necesarias para impulsar estos casos adelante.
Notable Quotes
El Senado de la República no puede permitir la salida de Gustavo Petro del país sin que antes responda por los escándalos de su elección y la corrupción de él, su familia y su gobierno— Andrés Pastrana, expresidente conservador
Las fronteras no pueden convertirse en refugio para quienes pretenden esconder el producto de la corrupción— Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia
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