En enero de 2023, el Perú reforzó con una ley penal una vieja aspiración de su vida pública: que llegar a un cargo del Estado dependa de la capacidad y no del favor. La Ley 31676, publicada en El Peruano, modifica el artículo 381 del Código Penal para castigar con prisión a quien designe o acepte un puesto sin cumplir los requisitos legales. Al equiparar a quien nombra y a quien ocupa el cargo, la norma reconoce que el abuso de la función pública requiere de dos voluntades y que ambas deben responder.
Perú sanciona con hasta cuatro años de prisión la designación y aceptación de cargos públicos sin requisitos
Tanto quien designa como quien acepta responden con las mismas penas
Mark
Entonces, ¿qué cambia exactamente con la Ley 31676?
Mimi
Modifica el artículo 381 del Código Penal. Ahora designar a alguien que no cumple los requisitos legales para un cargo público puede costar entre dos y cuatro años de cárcel, más de 60 a 120 días-multa.
Mark
¿Y solo se castiga a quien designa?
Mimi
No. Quien acepta el cargo sin cumplir los requisitos recibe las mismas penas. La responsabilidad es compartida.
Luke
Conviene separar lo confirmado de lo esperado. Está confirmado el texto, las penas y las firmas. Que la ley vaya a frenar los nombramientos irregulares es una expectativa, no un hecho.
Mark
¿Qué motivó la norma?
Luke
La fuente no lo dice. Solo cita su objetivo declarado: reprimir conductas que afectan el mérito, la idoneidad y la legalidad.
Mimi
Lo que sí sabemos es quiénes la firmaron: Williams, Moyano, Otárola y Boluarte.
Mark
¿Qué habría que mirar ahora?
Luke
Si hay denuncias y condenas bajo este artículo. Sin eso, no sabemos cuánto alcance tendrá.
Mimi
Y cómo se interpreta "requisitos legales" en cada tipo de cargo, algo que el texto citado no precisa.
El Pulso
- Un cambio en el Código Penal convierte en delito nombrar o aceptar un cargo público sin cumplir los requisitos legales.
- Tanto la autoridad que designa como la persona designada enfrentan la misma amenaza de prisión de dos a cuatro años.
- Las multas de 60 a 120 días-multa se suman a la pena privativa de libertad, elevando el costo de cada nombramiento irregular.
- La norma aún no muestra su efecto: fiscales y jueces deberán demostrar en casos reales que el mérito y la legalidad se protegen.
En enero de 2023, el Perú reforzó con una ley penal una vieja aspiración de su vida pública: que llegar a un cargo del Estado dependa de la capacidad y no del favor. La Ley 31676, publicada en El Peruano, modifica el artículo 381 del Código Penal para castigar con prisión a quien designe o acepte un puesto sin cumplir los requisitos legales. Al equiparar a quien nombra y a quien ocupa el cargo, la norma reconoce que el abuso de la función pública requiere de dos voluntades y que ambas deben responder.
El viernes 27 de enero de 2023, el boletín de Normas Legales de El Peruano publicó la Ley 31676, aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. Su mensaje es directo: quien designe o acepte un cargo público sin cumplir los requisitos legales podrá ir a la cárcel.
La ley modifica el artículo 381 del Código Penal, referido al nombramiento o designación ilegal. El funcionario que nombre, contrate o encargue un puesto a alguien no idóneo enfrentará prisión de dos a cuatro años y entre 60 y 120 días-multa.
La responsabilidad también alcanza a quien acepta el cargo sin cumplir las condiciones, con las mismas penas. Según la norma, su objetivo es proteger el mérito, la idoneidad y la legalidad en el acceso a la función pública.
El texto no precisa qué casos motivaron la reforma ni cuántos procesos podría alcanzar. La pregunta que queda abierta es cómo la aplicarán fiscales y jueces, porque de esa práctica dependerá que el mérito se imponga en los hechos.
El viernes 27 de enero de 2023, el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano publicó la Ley 31676. La norma, aprobada antes por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, castiga con cárcel a quienes designen o acepten un cargo público sin cumplir los requisitos que la ley exige.
La ley modifica el artículo 381 del Código Penal, que trata del "nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal del cargo". Con el cambio, el funcionario público que nombre, designe, contrate o encargue un puesto a alguien que no reúne los requisitos legales podrá recibir una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. A esa pena se suman de 60 a 120 días-multa.
La sanción no recae solo en quien nombra. El texto establece que quien acepte el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con las mismas penas. Es decir, tanto la autoridad que decide como la persona que ocupa el puesto responden penalmente en los mismos términos.
Según la propia norma, su finalidad es "reprimir las conductas que afectan los principios de mérito, idoneidad y legalidad para el acceso a la función pública". En otras palabras, apunta a los nombramientos hechos sin respetar las condiciones fijadas para cada puesto.
La ley lleva las firmas del presidente del Congreso, José Williams Zapata; de la primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano; del primer ministro, Alberto Otárola; y de la jefa de Estado, Dina Boluarte.
La fuente no detalla qué casos concretos motivaron la reforma ni cuántos procesos podría alcanzar. Lo que queda por ver es cómo la aplicarán fiscales y jueces, porque de esa aplicación práctica dependerá que el mérito, la idoneidad y la legalidad en el acceso a la función pública se protejan en los hechos.
Citas Notables
El objetivo de la norma es reprimir las conductas que afectan los principios de mérito, idoneidad y legalidad para el acceso a la función pública.— Texto de la Ley 31676
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