Perú debe cerrar brechas digitales para mejorar educación y salud en era pospandemia

A tres semanas del cierre de 2020, mientras Perú se preparaba para celebrar su bicentenario, un foro virtual reunió a especialistas, empresarios y funcionarios para hablar de lo que el país necesitaba urgentemente: cerrar las grietas que la pandemia había expuesto. El evento, organizado por la Cámara de Comercio de España, la embajada española y el Grupo La República, se llamó Visiones 2020, y durante tres jornadas los participantes debatieron cómo salir adelante en un mundo transformado por el COVID-19 sin sacrificar ni la salud, ni la educación, ni el desempeño económico.

La brecha digital emergió como el problema central. Marilú Martens, exministra de Educación, fue directa: el sistema educativo peruano atiende a nueve millones de estudiantes en educación básica, distribuidos en cincuenta mil instituciones y servidos por medio millón de docentes. Solo el treinta por ciento de ellos tenía acceso a Internet. Durante la pandemia, el país reaccionó rápido con educación a distancia por televisión e Internet, pero esa misma rapidez reveló una verdad incómoda: mientras algunos estudiantes podían seguir clases en línea sin problema, otros quedaban completamente fuera. Martens insistió en que el sector privado tenía que involucrarse para llegar a quienes no tenían conectividad.

El contexto regional pintaba un cuadro desalentador. Verónica Zavala, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, señaló que en el ranking de transformación digital, Perú ocupaba el puesto setenta y uno entre los países de la región. Uruguay, en contraste, llevaba diez años con una agenda digital consolidada y había alcanzado setenta por ciento de teletrabajo. Argentina llegaba al cuarenta por ciento. Zavala también advirtió sobre brechas que iban más allá de la conectividad: las mujeres estaban subrepresentadas en tecnología, y aunque el talento estaba distribuido equitativamente, las oportunidades no lo estaban.

La asignación de recursos en Perú reflejaba las prioridades distorsionadas del país. Maite Vizcarra, gestora de proyectos de ciencia y tecnología en educación desde Noruega, observó que de veintitrés mil quinientos millones asignados a educación en 2021, la educación básica regular se llevaba la mayor parte, seguida por la educación universitaria. La ciencia e innovación tecnológica recibía apenas seis millones. Esa escasez de inversión en innovación era particularmente grave en un momento en que el mundo estaba acelerando su transformación digital.

Pero había un grupo que Vizcarra llamó los "recurseros digitales": personas sin acceso adecuado a Internet que habían logrado desarrollar capacidades digitales relevantes. Eran vendedores ambulantes que usaban redes sociales para ganarse el día, pequeños comerciantes que hacían entregas sin infraestructura formal. Vizcarra fue clara: el Estado necesitaba facilitarles herramientas para que pudieran crecer. José Juan Haro, de Telefónica, anunció que su empresa había implementado un programa para llevar conectividad a dos millones de personas entre mayo de 2019 y diciembre de 2020. Pero los números globales eran abrumadores: en toda Latinoamérica, treinta y dos millones de escolares no podían seguir sus clases con normalidad, y seis millones de personas vivían en zonas sin acceso a Internet.

El embajador de España, Alejandro Alvargonzález, cerró el foro con una advertencia que capturaba la paradoja del momento. El mundo había experimentado una evolución extraordinaria en las últimas décadas, pero ahora enfrentaba dos crisis simultáneas: el coronavirus y el cambio climático. "Podemos morir de éxito", dijo. Lima estaba triste y asustada, como lo estaban Madrid y Londres. La pandemia había encendido todas las alarmas y revelado las falencias profundas de las economías. Lo que quedaba claro era que cerrar la brecha digital no era un lujo ni un proyecto a largo plazo: era una necesidad inmediata si Perú quería que sus ciudadanos tuvieran acceso real a educación y oportunidades en la era pospandemia.