En el cruce entre el poder ejecutivo y la justicia penal, Diego Marín Buitrago —conocido como Papá Pitufo y acusado formalmente de liderar una red de sobornos en puertos colombianos— ha llevado al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, alegando que sus declaraciones públicas violaron la presunción de inocencia y revelaron información bajo reserva legal. El caso encarna una pregunta que las democracias modernas no han terminado de responder: ¿dónde termina la voz legítima del gobernante y dónde comienza el daño irreparable al ciudadano acusado, se