Pandemia y estallido social marcan elecciones legislativas en Colombia

Colombia se prepara para unos comicios legislativos que llegarán cargados de tensiones acumuladas. El domingo 13 de marzo, más de 38 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir la totalidad del Senado y la Cámara de Representantes, además de las 16 curules especiales de paz y los candidatos presidenciales de tres coaliciones políticas. Es el primer paso de un ciclo electoral que culminará con la votación presidencial el 29 de mayo, pero en un país donde la pandemia dejó cicatrices económicas y sociales profundas, donde el descontento estalló en las calles hace poco más de un año, y donde la violencia armada ha vuelto a recrudecer en regiones estratégicas.

La recuperación económica ha sido vigorosa sobre el papel: el país creció 10,6 por ciento en 2021. Pero esa cifra oculta realidades más complejas. Los frentes abiertos en salud siguen siendo numerosos, y más importante aún, las demandas que los colombianos pusieron de manifiesto en las protestas de 2021 permanecen sin resolver. Jóvenes, campesinos, habitantes de regiones apartadas, defensores de derechos humanos: todos ellos sacaron a la luz un descontento que no provenía de un solo sector ni respondía a un único propósito. Fue un reclamo generalizado contra los resultados del Gobierno, y aunque la crisis sanitaria interrumpió esas manifestaciones, se reanudaron porque las demandas seguían vivas. Lo que ocurrió en las calles fue violento: hubo violaciones a los derechos humanos documentadas, y el panorama dejó instalados en la sociedad colombiana niveles de negativismo y descontento que ahora podrían traducirse en las urnas.

El mapa electoral refleja una fragmentación que será determinante. Ausentes están los grandes electores tradicionales, como el expresidente Álvaro Uribe. La campaña ha sido fría, sin la emoción ni los grandes eventos de ciclos electorales anteriores. Los analistas esperan que ningún partido logre mayorías absolutas, lo que obligará a construcciones complejas de coaliciones y negociaciones entre formaciones políticas. Es un escenario de bancadas medias, de poder distribuido, de incertidumbre sobre cómo se conformará el próximo Congreso.

Pero hay otra capa en esta elección que va más allá de los números y las coaliciones. La representación de mujeres en el Congreso sigue siendo una asignatura pendiente. En 2018, apenas 23 mujeres fueron elegidas al Senado de un total de 108 escaños, y 32 a la Cámara de 171. Eso suma una representación del 19,7 por ciento, diez puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. Aunque han surgido voces femeninas que reclaman liderazgo e incluso aspiran a la Presidencia, el avance ha sido lento. También está en juego la participación de minorías indígenas y afrocolombianos, grupos históricamente subrepresentados en los espacios de poder.

Las 16 circunscripciones especiales de paz representan un experimento político de vital importancia. Son espacios donde las víctimas del conflicto en zonas rurales tendrán la oportunidad de llevar sus elegidos al Congreso. Estas regiones, usualmente las más descuidadas y con menor presencia del Estado, son precisamente donde hoy reaparece la violencia de grupos armados al margen de la ley. En departamentos como Arauca, Cauca y Norte de Santander, operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las FARC y bandas de narcotraficantes. La pregunta que flota sobre estas circunscripciones es si lograrán elegir candidatos que realmente puedan aportar al trabajo de regiones que necesitan reconstrucción, no solo representación.

Esta elección, entonces, no es solo un ejercicio de renovación legislativa. Es un termómetro del descontento acumulado, una prueba de si la fragmentación política permitirá construir gobiernos funcionales, y un examen de si Colombia puede avanzar hacia una representación más inclusiva en sus espacios de poder. Todo ocurre bajo un paraguas de violencia incrementada y demandas que siguen esperando respuestas.