Ortega y Murillo buscan instaurar una «dictadura dinástica» en Nicaragua mediante reforma constitucional

Daniel Ortega anunció hace poco más de un mes que Nicaragua no volvería a celebrar elecciones. La declaración, hecha el 19 de julio, no fue una amenaza velada sino una intención explícita de transformar el sistema político del país. Días después, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y aliado del gobierno, presentó un paquete de reformas constitucionales diseñado para hacer permanente esa decisión y cerrar cualquier puerta a procesos electorales competitivos.

Lo que está en marcha, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica presentado esta semana en San José, es la construcción de lo que los expertos llaman una "dictadura dinástica": un sistema donde el poder se perpetúa dentro de una familia y se transmite de manera hereditaria, blindado constitucionalmente contra cualquier cambio. Las reformas propuestas extienden los períodos presidenciales de seis a siete años, permitiendo renovaciones indefinidas. Esa medida no se limita a la presidencia, sino que se aplicaría a más de 7.000 cargos públicos, incluyendo posiciones en el ejército, la policía y gobiernos municipales y regionales.

Este no es el primer paso en esa dirección. Entre 2024 y 2025, Ortega y su esposa Rosario Murillo, quien funciona como copresidenta desde una reforma constitucional de 2025, ya habían modificado la Constitución para subordinar todos los poderes del Estado a la presidencia. También crearon la estructura de copresidencias que ahora ocupan, limitaron el derecho de los ciudadanos a postularse para cargos públicos si eran considerados "traidores a la patria", y extendieron el período presidencial de cinco a seis años. Cada reforma ha sido un escalón más en la consolidación del control.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que gobierna Nicaragua desde 2007, ha transformado el país de manera sistemática. Desde 2017 comparte el poder formalmente con Murillo, primero como vicepresidenta y ahora como copresidenta. Lo que está ocurriendo ahora es la culminación de ese proceso: la eliminación del derecho más fundamental de cualquier democracia, el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes.

La comunidad internacional ha tomado nota. Estados Unidos ha sido particularmente vocal, enviando mensajes al más alto nivel y solicitando recientemente una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para abordar la situación en Nicaragua. La Unión Europea también ha expresado preocupación. El anuncio de Ortega no ha pasado desapercibido, aunque los expertos subrayan que su importancia trasciende las fronteras nicaragüenses: sienta un precedente para toda América Latina y el resto del mundo sobre cómo un gobierno puede desmantelar la democracia de manera abierta y sin disimulo.

Para los grupos de derechos humanos y actores prodemocracia que operan desde el exilio, las intenciones de Ortega y Murillo representan un desafío urgente pero también una claridad inesperada. Como señala el análisis, el anuncio "despeja el camino porque queda bastante más claro hacia dónde es necesario dirigir la incidencia". Ya no hay ambigüedad sobre los objetivos del gobierno.

El Centro de Estudios Transdisciplinarios plantea una pregunta incómoda a la comunidad internacional: tiene una "responsabilidad ineludible" de respaldar los esfuerzos de la sociedad nicaragüense para restablecer la democracia, o de lo contrario debe asumir su complicidad en permitir que una nueva dictadura familiar se instale en el continente. La pregunta no es retórica. Lo que sucede en Nicaragua en los próximos meses determinará si la región tiene herramientas y voluntad para detener este tipo de consolidación del poder autoritario, o si simplemente observará mientras ocurre.