A cincuenta y tres años del golpe que instauró la dictadura de Pinochet, Chile enfrenta una pregunta que las sociedades heridas deben responder tarde o temprano: ¿puede haber reconciliación sin justicia? Organizaciones de derechos humanos entregaron una carta al presidente Kast rechazando un proyecto legislativo que liberaría o reduciría penas a más de 700 presos, entre ellos cientos condenados por crímenes de lesa humanidad. En ese gesto, las víctimas no solo defienden condenas individuales, sino el principio de que el Estado no puede borrar con una firma lo que el tiempo aún no ha sanado.
Organizaciones chilenas rechazan indulto a violadores de derechos humanos
Miles de personas sufrieron ejecución extrajudicial, desaparición forzada, prisión política y tortura durante la dictadura Pinochet (1973-1990), con efectos traumáticos que persisten hasta hoy.
¿Qué señal entrega el Estado cuando el condenado recupera libertad y la víctima vive para siempre con las consecuencias?
Mark
¿Por qué ahora? ¿Por qué este proyecto de indultos llega precisamente en este momento?
Mimi
El proyecto fue impulsado por sectores de derecha en el Congreso. Kast es un presidente de derecha, así que hay una alineación política. Pero también refleja una batalla más antigua en Chile sobre cómo cerrar la dictadura.
Luke
Eso es importante: el proyecto ya pasó el Senado. No es una amenaza futura, es algo que está en movimiento legislativo ahora mismo.
Mark
¿Y cuántas personas estaríamos hablando?
Mimi
Más de 700 presos en total. De esos, 370 fueron condenados específicamente por crímenes de lesa humanidad. Los otros 365 por delitos graves como homicidios y violaciones.
Luke
Hay que ser preciso: el proyecto no distingue entre los dos grupos. Beneficiaría a ambos por igual si se aprueba.
Mark
La senadora Campillai, ¿ella es víctima también?
Mimi
Sí. Un carabinero llamado Patricio Maturana le disparó una bomba lacrimógena en el rostro durante las protestas de 2019. Ella quedó ciega. Él fue condenado, pero ahora tiene salidas diarias.
Luke
Eso es de 2019, no de la dictadura. Es un caso diferente, aunque el patrón es el mismo: represor condenado, luego beneficiado.
Mark
¿Qué piden exactamente las organizaciones?
Mimi
Rechazo total a los indultos. Y que el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos se convierta en ley, para que el Estado tenga que buscar a los desaparecidos.
Luke
Eso segundo es importante porque es prospectivo. No es solo sobre castigar el pasado, es sobre resolver lo que sigue sin resolver: dónde están los desaparecidos.
O Pulso
- Un proyecto aprobado en el Senado amenaza con liberar o reducir penas a 370 condenados por crímenes de lesa humanidad, desatando una crisis de memoria y justicia en Chile.
- Mientras represores como Patricio Maturana —quien dejó ciega a la senadora Campillai— disfrutan de salidas diarias, las víctimas cargan para siempre con las consecuencias de sus crímenes.
- La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos marchó hasta La Moneda para entregar una carta directa al presidente Kast: ningún indulto es aceptable.
- El gobierno también frena la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, agravando la sensación de que el Estado retrocede en sus compromisos con las víctimas.
- El 6 de septiembre, miles marcharán al Cementerio General bajo la consigna 'No a los indultos', convirtiendo la conmemoración del golpe en un acto de resistencia política activa.
A cincuenta y tres años del golpe que instauró la dictadura de Pinochet, Chile enfrenta una pregunta que las sociedades heridas deben responder tarde o temprano: ¿puede haber reconciliación sin justicia? Organizaciones de derechos humanos entregaron una carta al presidente Kast rechazando un proyecto legislativo que liberaría o reduciría penas a más de 700 presos, entre ellos cientos condenados por crímenes de lesa humanidad. En ese gesto, las víctimas no solo defienden condenas individuales, sino el principio de que el Estado no puede borrar con una firma lo que el tiempo aún no ha sanado.
La mañana del 27 de agosto, activistas y dirigentes de derechos humanos llegaron al Palacio de La Moneda con un mensaje sin ambigüedades para el presidente José Antonio Kast: no a los indultos. La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales entregó una carta formal rechazando cualquier medida que aliviara las condenas de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante los 17 años de dictadura que siguieron al golpe de 1973.
El contexto político hacía urgente la acción. En el Congreso avanzaba un proyecto de ley impulsado por la derecha para beneficiar a más de 700 presos: 370 condenados por violaciones graves de derechos humanos y 365 por delitos como homicidios y abusos sexuales. Al mismo tiempo, parlamentarios oficialistas presionaban por indultos para carabineros y militares presos por su rol en la represión de las protestas de 2019.
La senadora Fabiola Campillai, presente en la entrega, encarnaba la contradicción que las organizaciones denunciaban. El excapitán Patricio Maturana, condenado por dispararle una bomba lacrimógena al rostro y dejarla ciega, ya gozaba de salidas diarias. Campillai formuló la pregunta que miles de víctimas se hacen: ¿qué señal entrega el Estado cuando quien destruyó una vida recupera progresivamente su libertad mientras la víctima vive para siempre con las consecuencias?
Alicia Lira, reciente Premio Nacional de Derechos Humanos, sumó otra preocupación: el gobierno retrasaba la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos, aprobado por la administración anterior. Las organizaciones exigen que ese plan se convierta en ley, para que el Estado asuma formalmente la responsabilidad de localizar a las víctimas de desaparición forzada.
El 6 de septiembre, a 53 años del golpe, miles marcharán al Cementerio General con una sola consigna: 'No a los indultos'. Lo que está en disputa no es solo la libertad de individuos condenados, sino el mensaje que Chile enviará sobre la justicia, la memoria y la posibilidad de sanar heridas que aún no han cerrado.
En la mañana del 27 de agosto, activistas y dirigentes de derechos humanos se presentaron en el Palacio de La Moneda con un mensaje directo para el presidente José Antonio Kast: no a los indultos. La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales entregó una carta formal rechazando cualquier medida que liberara o redujera condenas a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La carta llegaba en un momento de tensión política creciente. En el Congreso Nacional avanzaba un proyecto de ley impulsado por sectores de derecha que busca beneficiar a más de 700 presos: 370 condenados específicamente por violaciones graves de derechos humanos durante los 17 años de régimen autoritario que comenzaron con el golpe de 1973, y 365 por otros delitos graves como homicidios, violaciones y abusos sexuales. El Senado ya había aprobado la medida. Simultáneamente, parlamentarios oficialistas presionaban para que el Gobierno indultara a carabineros y militares encarcelados por su rol en la represión durante las protestas sociales de 2019.
La carta recordaba lo que estaba en juego. En septiembre se cumplirían 53 años del golpe civil-militar que, con participación activa del gobierno estadounidense y del empresariado chileno, cerró el sistema democrático. Lo que siguió fue una década y media de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, prisión política y tortura sistemática. Miles de personas fueron víctimas. Los efectos traumáticos, subrayaba el documento, persisten hasta hoy en la sociedad chilena.
La senadora Fabiola Campillai, quien participó en la entrega de la carta, llevaba consigo la evidencia viva de esa continuidad. Hace años, el excapitán de carabineros Patricio Maturana fue condenado por dispararle una bomba lacrimógena directamente al rostro, un acto que la dejó ciega. Ahora, ese mismo oficial condenado gozaba de beneficios de salidas diarias. Campillai planteó la pregunta que muchas víctimas se hacían: "¿Qué señal entrega el Estado a las víctimas cuando quien fue condenado por destruir sus vidas comienza a recuperar progresivamente su libertad, mientras las víctimas deben vivir para siempre con las consecuencias de estos crímenes?".
Alicia Lira, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos, añadió otra preocupación. El nuevo gobierno estaba retrasando la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos, un programa que había sido aprobado durante la administración anterior. Las organizaciones sociales exigían que este plan se convirtiera en ley, de modo que el Estado asumiera formalmente la responsabilidad de localizar y recuperar a las víctimas de desaparición forzada.
La movilización de las organizaciones de derechos humanos apuntaba a un conflicto fundamental sobre cómo Chile procesaría su pasado. El 6 de septiembre, miles de personas marcharían hacia el Cementerio General para conmemorar a los muertos bajo Pinochet. Su consigna sería clara: "No a los indultos". Lo que estaba en disputa no era solo la libertad de individuos condenados, sino el mensaje que el Estado chileno enviaría sobre la importancia de la justicia, la memoria y la reparación en una sociedad que aún cicatrizaba heridas de hace más de cinco décadas.
Citações Notáveis
¿Qué señal entrega el Estado a las víctimas cuando quien fue condenado por destruir sus vidas comienza a recuperar progresivamente su libertad, mientras las víctimas deben vivir para siempre con las consecuencias de estos crímenes?— Senadora Fabiola Campillai
Las organizaciones exigen que el Plan Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos se convierta en ley para que el Estado se responsabilice con la tarea de hallar a las víctimas— Posición de Alicia Lira y organizaciones de derechos humanos
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