Myanmar libra la segunda guerra de drones más intensa del mundo tras Rusia-Ucrania

Myanmar ha se convertido en el escenario de la segunda guerra de drones más intensa del planeta, solo superada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Lo que comenzó como una ventaja táctica para los grupos de resistencia —drones agrícolas baratos adaptados para lanzar granadas— se ha transformado en un arma que ahora favorece abrumadoramente a la junta militar que tomó el poder en 2021. Los números cuentan una historia de inversión, aprendizaje y cambio geopolítico. En 2023, el ejército era responsable apenas del 5% de los ataques con drones registrados en el país. Desde junio de 2025, esa cifra ha saltado al 71%. Los datos provienen del observatorio Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) y un estudio de la London School of Economics, que sitúan a Myanmar como el tercer país con más episodios de drones, tras Ucrania y Rusia, aunque el análisis de la LSE lo describe como teatro de la segunda guerra con drones más intensa del mundo. Desde el golpe de Estado de 2021, ACLED ha documentado 6.215 episodios con drones en el país.

La escalada ha traído consecuencias inmediatas para la población civil. En las tres primeras semanas de septiembre, al menos doce civiles murieron en ataques con drones suicidas y bombardeos aéreos en el este del país, seis de ellos menores de edad. El 40% de los ataques con drones de la junta desde junio de 2025 van dirigidos contra civiles, y entre enero y agosto se han más que triplicado respecto a 2024. Los investigadores describen una táctica de doble ataque: un bombardeo con drones seguido de otro de la aviación, o al revés, diseñado para alcanzar también a quienes acuden a rescatar a las víctimas.

Para entender cómo llegó Myanmar a este punto, hay que retroceder al febrero de 2021. Cuando el ejército derrocó al Gobierno electo de Aung San Suu Kyi y reprimió las protestas a tiros, miles de jóvenes tomaron las armas. Se sumaron a las Fuerzas de Defensa del Pueblo, milicias del Gobierno paralelo de la oposición, y a los ejércitos de las minorías étnicas que llevaban décadas combatiendo al poder central. Sin acceso a aviones ni helicópteros, los drones se convirtieron en su única fuerza aérea. Los primeros fueron drones agrícolas comprados en China, diseñados para fumigar cultivos y adaptados por los guerrilleros para lanzar granadas de mortero sobre cuarteles y convoyes. Costaban alrededor de 2.700 euros. Fueron decisivos en la gran ofensiva de finales de 2023, cuando tres ejércitos de minorías étnicas expulsaron a la junta de buena parte del noreste, en la frontera con China. Los rebeldes lanzaron oleada tras oleada de drones sobre las bases del ejército.

El ejército tardó en reaccionar, pero aprendió de sus enemigos. En julio de 2024, la junta creó una Dirección de Guerra con Drones y compró entre 2.000 y 3.000 drones agrícolas en China para adaptarlos. Rusia proporcionó drones de reconocimiento e inhibidores, sistemas que bloquean las comunicaciones entre los drones y sus pilotos. Asesores rusos ayudaron a diseñar la nueva instrucción militar. Pero el cambio decisivo llegó de China. Pekín mantuvo contactos con varios grupos armados mientras se creía que la junta podía caer, pero a finales de 2024 cambió de posición. China buscaba seguridad en su frontera y para sus inversiones, y la oposición, fragmentada en más de un centenar de grupos armados, no podía garantizársela. La junta pidió a Pekín que bloqueara la venta de piezas a la resistencia. El precio de un dron agrícola para la guerrilla se duplicó hasta unos 5.500 euros. China cerró además las rutas de abastecimiento de dos de los grupos que habían encabezado la ofensiva de 2023 y los presionó para firmar treguas que les obligaron a devolver ciudades conquistadas. Pekín apoya ahora de forma visible a la junta, proporcionándole cazas, drones y sistemas antidrones.

Los datos de ACLED muestran el vuelco. La junta lanzó por primera vez más ataques con drones que la oposición en diciembre de 2024 y desde febrero de 2025 lo ha hecho todos los meses. En los ocho primeros meses de 2025, el ejército ha más que triplicado sus ataques con drones respecto al mismo período de 2024, mientras que los de la resistencia han caído a una cuarta parte. El control del espacio aéreo sigue siendo de la junta, que usa los drones como complemento de una aviación que la resistencia no puede contrarrestar.

La resistencia responde con la misma arma pero apuntando a objetivos caros. El 10 de septiembre atacó con drones la base aérea de Tada-U, junto al aeropuerto de Mandalay, la segunda ciudad del país con más de 1,2 millones de habitantes. Allí el ejército tiene sus aviones de ataque Yak-130 de fabricación rusa, cuyo precio ronda los 13 millones de euros por unidad. Días antes, la guerrilla kachin había hundido casi la mitad de los barcos de un convoy que remontaba el río Irrawaddy con suministros para una ciudad sitiada. Un boletín afín a la resistencia asegura que los drones alcanzaron 14 barcos en una sola semana. La principal arma de la resistencia son los drones de fibra óptica, que no se guían por radio sino por un cable tan fino como un hilo de pescar y que, por ello, no pueden ser bloqueados por los inhibidores. Cada uno cuesta entre 450 y 900 euros, más unos 200 euros por el cable. ACLED registró su primer uso en mayo de 2025, cuando la guerrilla kachin derribó con uno de ellos un helicóptero militar Mi-17, un modelo ruso que cuesta unos 13 millones de euros.

Pero ni los drones de un bando ni los del otro decidirán por sí solos la guerra. Los investigadores advierten que los drones no pueden resolver las debilidades estratégicas de fondo de ninguno de los bandos, lo que aumenta el riesgo de un estancamiento prolongado. La guerra se ha convertido en una carrera armamentística en la que cada bando aprende del otro y ninguno logra imponerse. Ninguno de los dos puede lograr el dominio de los drones, y la guerra simplemente se vuelve más letal, cada vez más para los civiles. Lo que cambió con el golpe de 2021 no fue solo la tecnología. Es que la junta empezó a atacar también a la población civil. Esta ya no es una guerra contra las organizaciones étnicas. Es una guerra contra la población.