Ley AVE: México busca regular stablecoins con modelo estadounidense y redefinir comercio digital

México enfrenta una encrucijada regulatoria que podría redefinir cómo circula el dinero digital en toda América Latina. Ocho años después de promulgar su Ley Fintech, el país avanza hacia una nueva normativa específica para las monedas estables: la Ley AVE. La iniciativa responde a un vacío legal evidente. La Ley Fintech de 2018 agrupa las stablecoins dentro de la categoría general de activos virtuales sin definirlas explícitamente, y Banxico emitió regulaciones secundarias tan restrictivas que prohíben a las instituciones financieras ofrecer estas transacciones al público en general. Mientras tanto, entre el 65 y el 70 por ciento del volumen de criptomonedas transado en América Latina corresponde a stablecoins—en Brasil alcanza el 90 por ciento—, lo que hace urgente una legislación clara.

La Ley AVE busca introducir reglas precisas para la emisión, las reservas y la supervisión de tokens vinculados al peso mexicano o al dólar estadounidense. Julissa Vásquez, asociada sénior de Gofaizen & Sherle, describe esto como la evolución natural del marco regulatorio. "La discusión deja de centrarse en la mera existencia de los activos virtuales y pasa a enfocarse en las condiciones bajo las cuales determinados activos digitales pueden integrarse al sistema financiero de manera segura, transparente y sostenible", explica. El atractivo de las stablecoins radica en su velocidad y eficiencia: permiten transacciones inmediatas sin intermediarios financieros tradicionales, reduciendo sustancialmente los costos.

La propuesta mexicana no surge en el vacío. Menos de un año antes, Donald Trump firmó la GENIUS Act en Estados Unidos, legislación que estableció requerimientos federales estrictos para las stablecoins en materia de liquidez, autorización previa y divulgación de reservas. Aunque los analistas descartan una presión política explícita desde Washington, la influencia estadounidense es innegable. Pablo Perezalonso Eguía, socio de Ritch Mueller, lo describe como una convergencia regulatoria: cuando una economía del tamaño de Estados Unidos establece reglas claras, otras jurisdicciones comienzan a evaluar cómo adaptar sus propios marcos para mantener la competitividad y facilitar operaciones transfronterizas. El contexto es estratégico. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026 hace evidente la necesidad de legislaciones coincidentes para mantener el acceso sin restricciones al mercado estadounidense. El T-MEC no contiene capítulos enfocados en criptoactivos porque las partes aún definen el tratamiento jurídico específico, pero Perezalonso estima que la convergencia es necesaria.

La nueva ley impactará especialmente a dos sectores: las plataformas de intercambio y las remesas. Para los exchanges, la Ley AVE presenta una paradoja operacional. Por un lado, otorga la certeza jurídica necesaria para atraer capital institucional. Por otro, eleva considerablemente los costos y exigencias de cumplimiento en prevención de lavado de dinero e identificación del cliente. En cuanto a las remesas, Vásquez destaca el potencial de las stablecoins para permitir transferencias más rápidas, disponibilidad fuera de horarios bancarios y reducción de intermediarios. Sin embargo, advierte que la regulación no eliminará automáticamente todos los costos: seguirán siendo determinantes la conversión de monedas, las comisiones, los mecanismos de redención y el acceso del usuario final a cuentas bancarias o billeteras digitales. "El beneficio real deberá evaluarse considerando el costo integral de la operación y no únicamente la velocidad o el costo de la transferencia mediante blockchain", señala.

El combate al uso ilícito de estos activos es otro objetivo central. Chainalysis reportó que en 2025 las stablecoins representaron el 84 por ciento del volumen de transacciones ilícitas de activos virtuales, frecuentemente a través de monederos no alojados y técnicas de lavado de dinero. Perezalonso propone dos rutas operativas: equiparar las stablecoins a los activos virtuales contemplados en la Ley Fintech e incluirlas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o permitir la oferta de servicios con stablecoins únicamente a entidades financieras ya supervisadas por la Secretaría de Hacienda, la CNBV y Banxico. La tecnología blockchain ofrece un nivel de trazabilidad superior al efectivo, pero la verdadera dificultad radica en identificar a las personas que controlan determinadas direcciones y coordinar información entre jurisdicciones.

La auditoría continua de contratos inteligentes y la verificación en tiempo real de reservas requieren inversión tecnológica y talento multidisciplinario. Por esta razón, ambos expertos estiman que la Ley AVE debería centrarse en fijar estándares de transparencia e inspección indirecta, en lugar de intentar absorber toda la carga de supervisión tecnológica directa. Vásquez advierte sobre otro riesgo: una copia rígida del modelo estadounidense o mexicano podría crear barreras de entrada para las startups y consolidar el dominio de los bancos y grandes emisores. Existe el riesgo de una mayor fragmentación regulatoria regional, aunque quizá sea más preciso hablar de una divergencia de modelos. Mientras países como Argentina han vivido una adopción masiva y orgánica de stablecoins como refugio ante la inflación y los controles cambiarios, México avanza hacia una estructura institucional rigurosa vinculada al modelo bancario y a los estándares estadounidenses. Perezalonso considera que la regulación mexicana podría convertirse en un referente regional si logra equilibrar innovación y estabilidad financiera, estableciendo un estándar común a escala latinoamericana sin necesariamente obligar a otros países a adoptar el mismo modelo.