MinCiencias denuncia irregularidades por más de $9.800 millones en recursos de investigación en el gobierno Petro

La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, presentó los resultados de una revisión a la ejecución presupuestal de su cartera durante el gobierno anterior. Su conclusión fue que los recursos destinados a la investigación se usaron, en parte, para fines que nada tienen que ver con el desarrollo científico. Los hechos que señala comprometen más de 9.800 millones de pesos y abarcan el periodo entre noviembre de 2024 y julio de 2026.

Benavides abrió su pronunciamiento con una defensa de lo que, en sus palabras, representa ese dinero: pertenece a los niños que sueñan con ser científicos, a las investigadoras, a las universidades y al futuro del país, y por eso es sagrado. Dijo que al revisar cómo se había empleado en la administración anterior, lo que encontró no era ciencia.

El hallazgo más llamativo es el registro de 32.300 almuerzos para los cuales no existe una sola lista que certifique quiénes los recibieron. A eso se suma que algunos servicios fueron certificados como recibidos en fechas anteriores a las de su ocurrencia real, además de inconsistencias en las fechas y precios inflados sin explicación alguna.

La revisión también identificó supuestos eventos masivos, de más de 4.000 personas, sobre los cuales no hay prueba de que se hayan realizado. Según la ministra, se habrían organizado en escenarios que ni siquiera tenían capacidad para instalar la infraestructura requerida. Denunció además que varios eventos se ejecutaron durante la vigencia de la Ley de Garantías y se limitaron a operaciones logísticas, lo que, a su juicio, desvió el sentido de los recursos de la ciencia.

Benavides fue enfática sobre el rumbo que pretende darle al ministerio. Afirmó que se acabó la ciencia de papel, que se acabó usar la apropiación social del conocimiento como disculpa para una novena navideña y que se acabó la caja menor con la plata de la investigación.

Frente a lo hallado, el ministerio tomó dos decisiones concretas: congeló por completo los pagos relacionados con los contratos señalados y resolvió no firmar ninguna adición presupuestal o contractual más sobre ellos.

Todos los hechos ya fueron trasladados formalmente a las autoridades competentes. Según la ministra, los expedientes están en manos de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, que deberán establecer quiénes tienen que responder ante la justicia. Bajo la idea de seguir ordenando la casa, envió un mensaje a los responsables: quienes se hayan aprovechado de la ciencia en Colombia responderán ante la ley.

Por ahora se trata de una denuncia de la propia ministra. Lo que viene es el trabajo de los organismos de control, cuyas conclusiones definirán si las irregularidades se traducen en consecuencias judiciales y contra quién.