En el largo pulso entre Buenos Aires y Londres por la soberanía de las islas Malvinas, Argentina ha elegido una vez más el terreno jurídico como campo de batalla. El gobierno de Javier Milei anunció esta semana la ampliación de denuncias penales contra petroleras israelíes, británicas y canadienses —y ahora también contra sus directivos y accionistas— por operar en lo que Argentina considera su plataforma continental sin autorización. La decisión llega mientras el proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de crudo en 2028, convirtiendo una disputa histórica en una urgencia económica concret