México coopera con deportaciones de Trump enviando migrantes a terceros países pese a riesgos

Desde enero de 2025, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, Estados Unidos ha deportado a más de 18.000 personas a México, la mayoría procedentes de terceros países de Centroamérica y el Caribe. De acuerdo con datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense obtenidos por Human Rights Watch, aproximadamente 13.000 de esas personas fueron enviadas directamente a México. Lo que distingue este flujo no es solo su volumen, sino su destino final: muchas de estas personas son reenviadas por las autoridades mexicanas a sus países de origen, o permanecen en ciudades como Cancún en una especie de limbo migratorio, habiendo escapado apenas de una segunda deportación que las devolvería a lugares de los que huyeron.

El caso de Andrea, una mujer trans hondureña de 34 años, ilustra la mecánica de estas deportaciones encadenadas. En noviembre de 2024, un juez migratorio estadounidense le otorgó protección bajo la Convención contra la Tortura, reconociendo que enfrentaba riesgo de persecución en Honduras. Un año después, fue expulsada de todas formas. Primero la trasladaron a México, donde fue detenida en una estación migratoria en Villahermosa, Tabasco, compartiendo celda con otra mujer trans. Poco después, México la deportó a Honduras, el país exacto del que un tribunal estadounidense había determinado que debía ser protegida. Su experiencia no es aislada. Cada semana, el ICE traslada migrantes detenidos hasta la frontera mexicana, donde cambian de custodia sin explicación alguna. Los detenidos describen un cambio de vehículo, de agentes, de uniforme. Desde allí son trasladados hacia el sur, alejados de la frontera para desalentar nuevos intentos de cruce. Tras horas de viaje, los dejan en el extremo opuesto del país sin pasaporte, sin dinero, frecuentemente solo con la orden de deportación que ellos mismos firmaron, y sin orientación sobre cómo solicitar protección o regularizar su situación.

Fernando Hernández, abogado migratorio en Tabasco, identifica la falta de información como la primera violación de derechos humanos en este proceso. Muchas personas desconocen que serán enviadas a México hasta que la decisión ya está en marcha. Algunas creen haber firmado una deportación voluntaria a su país de origen y descubren el verdadero destino cuando suben al avión o al autobús, momento en el cual ya no pueden negarse. La ausencia de documentación de identidad complica cualquier trámite posterior, dejando a los deportados en una situación de vulnerabilidad extrema.

Silvia Quevedo, abogada migratoria del bufete Fidens que litiga casos en Cancún, Tijuana y Ciudad de México, cuestiona la lógica de enviar a alguien a un tercer país sin garantías. Si una persona solicita protección a México argumentando que huye de su país, ¿cómo puede ser colocada nuevamente frente a quienes la persiguen, quienes podrían lincharla, matarla o acosarla? Para Quevedo, trasladar a migrantes a terceros países debería funcionar como una alternativa con salvaguardas legales, no como una escala intermedia hacia una deportación que viole la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Quienes logran llegar a Cancún son precisamente aquellos que han conseguido escapar de esa segunda expulsión.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, señala que resulta "difícil creer que esto suceda sin algún tipo de acuerdo" entre ambos países, aunque ni Estados Unidos ni México lo reconozcan públicamente. Para la organización, Estados Unidos es el primer responsable al violar el derecho al debido proceso de los deportados, quienes nunca tuvieron oportunidad de impugnar su traslado a México. A partir de ese punto, México asume lo que Goebertus describe como "el trabajo sucio por encargo" de Washington. Los migrantes son enviados a lugares donde no son originarios y donde nunca pudieron declarar si se sentían seguros. Tras atravesar todo México, muchos son dejados en estados fronterizos como Tapachula y Villahermosa, zonas con indicadores extremadamente altos de violencia, lo que explica por qué tantos se dirigen a Cancún lo antes posible.

La contradicción política es evidente. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que se presenta como contrapunto de Trump, mantiene e incluso intensifica la cooperación migratoria cuando esta se convierte en prioridad para la Casa Blanca. Goebertus atribuye esto a la "asimetría de poder" entre ambos países: públicamente crítica con algunas medidas estadounidenses, Sheinbaum mantiene "detrás de puertas cerradas" una estrecha colaboración migratoria. Esta dinámica permite que México funcione como filtro y distribuidor de deportados sin que la responsabilidad política recaiga sobre sus hombros.

La liberación de migrantes en territorio mexicano, sin embargo, resulta efímera. Según Quevedo, las autoridades mexicanas acuden a los lugares donde se alojan los deportados liberados y los detienen por estar en situación irregular. Sin contacto con el exterior y sin representación legal, estos detenidos son deportados esa misma noche o al día siguiente. Es falso, insiste la abogada, que no haya redadas. Las hay, sistemáticas y coordinadas, convirtiendo la liberación inicial en poco más que un teatro que precede a una detención y expulsión casi inmediata.