El Gobierno aprueba decretos sociales hasta las elecciones para contrarrestar ventaja del PP

Pedro Sánchez se presentó ante los ministros el martes con un mensaje sin ambigüedades: el Gobierno seguiría gobernando. Acababa de aprobarse dos decretos de emergencia sobre vivienda, y la declaración funcionaba como aviso a navegantes. El Ejecutivo no está en funciones, posee todas sus facultades, y tiene además una ventaja institucional clara: cualquier medida que apruebe será convalidada en la Diputación Permanente, un órgano donde no necesita a Junts. Con el apoyo del PNV y sus socios de izquierda —ERC, Bildu y Podemos—, el Gobierno puede seguir legislando hasta el último día antes de las elecciones.

Esta realidad ha puesto en marcha una maquinaria de trabajo en los ministerios y La Moncloa. El Ejecutivo está estudiando cómo exprimir esa ventaja de controlar el Boletín Oficial del Estado, desplegando medidas sociales semana tras semana hasta que llegue la jornada electoral. Yolanda Díaz ya ha iniciado los trámites para una subida importante del salario mínimo interprofesional antes de los comicios. Todo indica que será relevante: continuaría una escalada que acumula ya un aumento del 66% desde que Mariano Rajoy dejó La Moncloa y llegó un gobierno progresista. Desde 2019, cuando Díaz entró como ministra de Trabajo en la coalición PSOE-Sumar, esa política de incrementos salariales ha sido constante.

Lo decisivo es que una vez aprobada, la subida del SMI quedará fijada aunque gane el PP. Podrían revertirla si quisieran, pero el coste político sería enorme. Algo parecido ocurrirá con las pensiones. Aunque lo habitual es decidir la subida a final de año, el Gobierno puede tomar decisiones o hacer anuncios antes de las elecciones. Durante estos ocho años, la política ha sido clara: subidas continuas conforme al IPC, y mucho más generosas en el caso de las pensiones mínimas. Antes de los comicios, quieren enviar otra señal de cuál es su apuesta frente a un Vox que describe el sistema de pensiones como un zombi, y un PP que plantea reformas, aunque de manera más suave.

En La Moncloa y en varios ministerios controlados por el PSOE trabajan en múltiples medidas de impacto social para aprobar en los próximos Consejos de Ministros. La estrategia recuerda a los llamados "viernes sociales" de la legislatura anterior, cuando el consejo se celebraba los viernes y se aprobaban decisiones de corte progresista. Ahora es un contraste deliberado con los "viernes negros" de los recortes de Rajoy en plena crisis económica.

Pero el efecto electoral de estas decisiones sigue siendo incierto. Antoni Gutiérrez Rubí, experto en campañas con decenas de procesos electorales a sus espaldas, señala que aunque algunos vean estos movimientos como manotazos de ahogado u oportunismo electoral, una parte de los electores —especialmente los menos fieles, los que pueden votar al PP o al PSOE— esperan exactamente este tipo de acciones. "Estos electores cambiantes pueden ser sensibles a esos decretazos positivos", dice. Sin embargo, Gutiérrez Rubí cree que la derecha tiene la campaña mucho más fácil. No solo porque las encuestas y la ola la favorecen, sino porque su pregunta electoral es sencilla: echar a Sánchez. El Gobierno necesita acertar con su propia pregunta. La vivienda es buena, especialmente para el voto de la generación Z, menores de 30 años, que puede ser decisivo. Pero "resolver el problema de la vivienda" no es tan claro como "echar a Sánchez" porque ya se han visto las dificultades del Ejecutivo para hacerlo.

La estrategia es forzar al PP a mojarse en cuestiones de política social, donde el Gobierno cree que se mueve incómodo. Feijóo ya ha dicho que piensa reformar la ley para reducir las bajas laborales, un asunto polémico para los trabajadores. La Moncloa intentará que la campaña se centre en vivienda, gasto social, pensiones, salario mínimo, sanidad y educación, mientras el PP apuesta casi todas sus fichas al antisanchismo y a temas que desgastan al Ejecutivo como Ceuta.

En este contexto está la huelga general del 11 de noviembre sobre vivienda, que es muy atípica. El Gobierno intentará que sea "contra el PP", como dijo la exvicepresidenta María Jesús Montero. Pero Gutiérrez Rubí es escéptico: "Todas las huelgas por definición son contra los gobiernos. Veo muy difícil que Sánchez pueda sacar partido de esta convocatoria". El Ejecutivo no estuvo detrás de la organización, pero una vez decidida, ha mostrado respeto y tratará de convertirla en una gran movilización por la vivienda. Acaba de aprobar el decreto Maricarmen con el que confía parar muchos desahucios y dar respuesta a quienes se movilizan en las plazas. La campaña será atípica, con hitos inéditos como la huelga y las elecciones en Brasil y Estados Unidos justo en medio. El Gobierno se prepara para usar todo lo que pueda a su favor porque parte con una clara desventaja en todas las encuestas.