Meta enfrenta juicio crucial en California por daños a menores con demanda de 1,4 billones

El martes, los ejecutivos de Meta comparecerán ante un tribunal federal en Oakland para enfrentar lo que podría ser el juicio más determinante de su historia. Cuatro estados —California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey— demandan a la empresa fundada por Mark Zuckerberg por una suma que alcanza los 1,4 billones de dólares, una cifra que equivale casi al valor total de todas las acciones de la compañía en circulación. Si Meta tuviera que pagar, la empresa se vería arrastrada a la bancarrota.

La demanda acusa a Meta de algo más grave que negligencia: de haber diseñado deliberadamente funciones en Facebook e Instagram para enganchar a menores de edad, sabiendo que causarían daño. Los estados alegan que la empresa recopila datos de niños menores de 13 años sin consentimiento parental, violando leyes federales. Más aún, sostienen que Meta priorizó las ganancias sobre la salud mental de una generación completa de jóvenes. Jennifer Davenport, fiscal general de Nueva Jersey, fue directo en su acusación: Meta está engañando a los consumidores sobre los peligros reales de sus plataformas y antepone el dinero a la salud de los adolescentes.

Este juicio no surge en el vacío. Hace apenas diez días, un tribunal en Nuevo México condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental para jóvenes, ordenándole además que modificara el funcionamiento de sus redes sociales. En marzo, un jurado en Los Ángeles determinó que Meta y YouTube fueron negligentes al no advertir a los usuarios sobre los peligros de sus plataformas, otorgando una indemnización de seis millones de dólares a una joven identificada como Kaley, quien aseguró haberse vuelto adicta a Instagram cuando era niña. Meta ya ha perdido dos casos cruciales este año, y los gastos legales han comenzado a erosionar sus ganancias: en el segundo trimestre, la empresa reportó ganancias de 15.848 millones de dólares, un 14 por ciento menos que el año anterior, en parte debido a 2.400 millones en costos legales.

Los expertos legales comparan este caso con el histórico litigio contra las grandes tabacaleras en los años noventa, cuando esas empresas fueron obligadas a pagar miles de millones por engañar al público sobre los daños de sus productos. El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, advirtió que las consecuencias podrían ser "astronómicas" para una compañía que obtiene el 98 por ciento de sus ingresos de la publicidad en línea. Señaló que su victoria en Nuevo México, un estado de dos millones de habitantes, palidece en comparación con lo que podría ocurrir si California, Florida, Texas o Nueva York ganaran casos similares. Julia Powles, directora ejecutiva del Instituto de Tecnología, Derecho y Política de UCLA, subrayó que California es la jurisdicción más importante en Estados Unidos para estas cuestiones, y que sus decisiones son observadas en todo el mundo.

Los estados no solo buscan dinero. También exigen cambios fundamentales en cómo operan Instagram y Facebook. Quieren que Meta implemente verificación parental obligatoria, que modifique sus algoritmos de recomendación que, según alegan, manipulan la dopamina de los usuarios, que elimine filtros de imagen que alteran la apariencia, que detenga la reproducción automática de videos, que prohíba la creación de múltiples cuentas y que elimine las historias efímeras. Si Meta implementara estos cambios, las plataformas se transformarían radicalmente. Como señaló la BBC, todas estas características son fundamentales para la experiencia actual en Meta, y una derrota podría significar que Instagram y Facebook cambien para siempre.

Meta ha introducido algunas medidas de protección en años recientes. En 2024 lanzó cuentas para adolescentes en Instagram que son privadas por defecto e incluyen restricciones de mensajes y controles parentales. La empresa también utiliza inteligencia artificial para detectar si menores de 13 años usan la plataforma. Sin embargo, los defensores de la seguridad infantil consideran que estas medidas son insuficientes. Meta ha rechazado las acusaciones, afirmando que refuta todos los cargos y que las pruebas en el juicio demostrarán su compromiso con los jóvenes.

Lo que está en juego va más allá de Meta. El fiscal Torrez señaló que el enfoque de los demandantes en las características de diseño y las supuestas declaraciones falsas sobre seguridad proporciona un modelo para que otros estados exijan responsabilidades a las empresas tecnológicas. Este enfoque permite eludir la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que históricamente ha protegido a las plataformas de responsabilidades legales. La batalla se libra en los tribunales estatales porque el gobierno federal, bajo la administración Trump, es un defensor declarado de las grandes tecnológicas. Los principales ejecutivos de Meta, Google, Microsoft, Tesla y Apple fueron invitados de honor a la ceremonia de posesión presidencial. Mientras tanto, los estados avanzan solos en su cruzada contra los abusos de las redes sociales. El martes, cuando Meta comparezca en Oakland, el resultado podría redefinir no solo el futuro de esa empresa, sino el de toda la industria.