Martínez presenta proyecto para endurecer cárceles: prohibición de celulares, uniformes y arancel único

El diputado nacional mendocino Álvaro Martínez presentó el lunes un proyecto de ley en el Congreso que busca transformar el régimen penitenciario argentino mediante un conjunto de medidas que van desde la prohibición de celulares hasta la creación de un sistema de aranceles para internos con ingresos. La iniciativa, que modifica la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad e introduce cambios en el Código Penal, responde según su autor a la necesidad de terminar con lo que denomina el "call center tumbero", refiriéndose a la operación de bandas delictivas desde el interior de las cárceles.

El eje central de la propuesta es la prohibición expresa de comunicaciones telefónicas mediante equipos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios. Para hacerla efectiva, el proyecto propone instalar inhibidores de señal en pabellones y módulos, una medida que ya fue aprobada pero aún no se ha aplicado. Sin embargo, la iniciativa no busca aislar completamente a los internos: contempla un esquema de comunicaciones institucionales que permitiría a cada detenido solicitar autorización para llamar a una lista de hasta cinco números telefónicos cuyos titulares deberán estar identificados y autorizados judicialmente. Se garantizaría un mínimo de veinte minutos diarios de comunicación telefónica por persona autorizada. Además, el proyecto habilita el acceso gradual a internet en espacios destinados a educación a distancia y permite videoconferencias con abogados en habitaciones con conexión, con garantía de confidencialidad en las comunicaciones con la defensa.

Otro cambio significativo es la implementación de uniformes obligatorios para todas las personas alojadas en establecimientos penitenciarios. La vestimenta sería de color beige o marrón claro, adecuada a las condiciones climáticas y la estación del año. La propuesta establece una clasificación en tres niveles de peligrosidad: leve, media y alta, identificados mediante líneas verticales blancas reflectantes en el pecho y la espalda. Los internos clasificados con peligrosidad leve tendrían una línea; los de peligrosidad media, dos; y los de peligrosidad alta, tres. Quienes estén próximos a acceder a libertad asistida o condicional utilizarían uniformes lisos. La clasificación estaría a cargo del organismo técnico-criminológico durante el período de observación y debería ser revisada judicialmente una vez al año, con derecho del interno a impugnarla. Martínez sostuvo que el uniforme "no tiene un objetivo discriminatorio, se ajusta al principio de igualdad".

La iniciativa crea el Arancel Único Carcelario (AUC), destinado a recuperar parcialmente los costos de alimentación, energía, gas, agua, atención médica y uniformes de las personas condenadas. El arancel se aplicaría únicamente a personas condenadas, comenzando a devengarse seis meses después de que la sentencia quede firme, mientras que quienes se encuentren en prisión preventiva estarían exentos. El monto sería fijado por la Administración y no podría superar el quince por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con actualización mensual según un índice del INDEC. Los condenados que acrediten simultáneamente su condición de estudiantes y trabajadores tendrían una reducción del cincuenta por ciento. Cuando el interno no tenga recursos para pagar, se generaría una deuda, pero el proyecto aclara expresamente que la falta de pago no podrá interrumpir la provisión de alimentos, agua, atención sanitaria, higiene ni otras prestaciones esenciales. El cumplimiento regular del arancel podría ser considerado un indicador de conducta positiva al evaluar beneficios de progresividad penal, libertad asistida o libertad condicional.

Respecto a los ingresos de personas privadas de libertad que realicen actividades laborales remuneradas, el proyecto establece que la contraprestación económica no podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento del valor horario del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Una vez descontados los aportes de seguridad social, el dinero se destinaría en primer lugar al pago de obligaciones alimentarias con una deducción de hasta treinta y cinco por ciento; luego, a la reparación de daños y perjuicios ocasionados por el delito, con hasta diez por ciento; y finalmente, al Arancel Único Carcelario, con hasta veinte por ciento. El total de esas deducciones no podrá superar el setenta por ciento de la remuneración neta. Como mínimo, el treinta por ciento del remanente constituirá un fondo de libre disposición del interno, mientras que el resto se acumulará en un fondo de reserva que se entregará al recuperar la libertad.

La iniciativa también crea un Régimen de Trabajo Penitenciario en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales remuneradas, promover la capacitación y facilitar la reinserción social. El texto fija metas progresivas de cobertura de trabajo productivo remunerado entre personas condenadas en condiciones de trabajar: cincuenta por ciento durante el primer año completo de aplicación, sesenta por ciento durante el segundo y setenta por ciento a partir del tercero. Cada persona incorporada al régimen contaría con un plan individual de desarrollo laboral, elaborado según sus conocimientos, experiencia previa, nivel educativo, aptitudes, duración probable de la condena y posibilidades de inserción laboral al recuperar la libertad. Ese plan debería revisarse al menos una vez por año.

La propuesta busca ampliar la participación de empresas privadas, cooperativas, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil en las actividades productivas de los establecimientos. En ese marco, plantea modernizar el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE) y crear un "Catálogo Nacional de Bienes y Servicios de Producción Penitenciaria", en el que se publiquen los productos elaborados en los talleres carcelarios, sus precios, la capacidad productiva y los estándares de calidad. El proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a sus disposiciones y adecuar sus reglamentos penitenciarios locales. De aprobarse, la ley entraría en vigencia ciento ochenta días después de su publicación en el Boletín Oficial.