Madrid reduce 1,7 millones en ayudas para empleadas del hogar mientras el PSOE denuncia favoritismo a rentas altas

La Comunidad de Madrid ha recortado 1,7 millones de euros en dos años del presupuesto destinado a ayudas para la contratación de empleadas del hogar, una de las medidas estrella del plan de conciliación impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El programa pretende facilitar el cuidado de menores y personas con discapacidad en los hogares madrileños, pero el PSOE cuestiona profundamente a quién está llegando realmente el dinero público.

Los datos oficiales del gobierno regional revelan un patrón que los socialistas consideran revelador. En 2024, de los beneficiarios de estas ayudas, 571 fueron familias numerosas, mientras que apenas 34 familias monoparentales y 29 familias con hijos con discapacidad accedieron a la subvención. La diputada Lorena Morales, del grupo municipal socialista, lo resume sin ambigüedad: estas ayudas no están pensadas para la mayoría de las familias madrileñas, sino para que los contribuyentes financien empleadas del hogar a través de sus impuestos para hogares con capacidad económica. Las familias más vulnerables, sostiene, quedan atrás.

El mecanismo que permite esta distribución desigual está en los criterios de acceso. El límite de renta se establece en 30.000 euros per cápita, es decir, por cada miembro de la unidad familiar. Esto significa que una familia de cinco personas puede solicitar la ayuda con ingresos anuales de hasta 150.000 euros. La Consejería de Economía señala que otras comunidades autónomas ofrecen ayudas similares sin fijar límite de renta alguno, pero eso no resuelve la crítica de fondo: los criterios son más permisivos que en otras prestaciones sociales del mismo gobierno.

Morales subraya una inconsistencia que considera especialmente grave. Para acceder a la ayuda de empleada del hogar no se exige residencia legal ni años de empadronamiento. Sin embargo, para otras prestaciones como la ayuda a la maternidad, el gobierno regional requiere un mínimo de cinco años de padrón. El PSOE-M acusa a Ayuso de aplicar lo que denomina "racismo selectivo": criterios rígidos para proteger a familias vulnerables, pero flexibles cuando se trata de beneficiar a rentas altas.

Desde la Consejería de Economía se defienden argumentando que estas ayudas no discriminan por tipo de familia y que la asignación presupuestaria responde a las necesidades reales de la ciudadanía. Además, recuerdan que se trata de fondos estatales, por lo que los criterios están condicionados por las directrices que marca el Estado. Pero esa explicación no cierra el debate: mientras el presupuesto se reduce, la estructura de la ayuda sigue beneficiando desproporcionadamente a quienes menos la necesitan.